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Mateo Jaramillo - mjaramillo@larepublica.com.co miércoles, 18 de septiembre de 2013

Tanto el Procurador General, Alejandro Ordóñez, como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y algunos congresistas afirman que el Gobierno Nacional debe resolver con rapidez el tema de la reducción salarial a los parlamentarios.

Y es que la decisión del Consejo de Estado en la que declaró la nulidad de las primas de salud y de localización a los salarios de los miembros del Congreso, prendió las alarmas, haciendo que se reduzcan 30%, lo que equivale a $7,4 millones.

Según el Procurador, el Gobierno Nacional debe resolver el tema con coherencia jurídica, pues considera que “hay decisiones judiciales en ese sentido y hay también obligaciones legales que están consignadas en la ley 4 de 1992 donde se establece la estabilización de los salarios. Yo creo que esos dos extremos tendrán que ser resueltos por quienes les corresponde el pago de los salarios de los funcionarios que pudieran verse afectados”, indicó Ordóñez.

Así mismo, habría una reducción de los sueldos que oscilan los $20 millones de 1.900 altos funcionarios del Estado y, como consecuencia, de los trabajadores públicos que tienen como marco la retribución económica de las cabezas de las ramas del poder. Se estima que podrían afectar unas 40.000 personas.

Las declaraciones del ministro de Hacienda sobre la sentencia de la Consejo de Estado que declara la nulidad del artículo 4 del Decreto 801 de 1992 que reglamentaba la ley 4 de 1992, ha conmocionado a la opinión pública, porque los parlamentarios dejarán de recibir 10% del salario, correspondiente a la prima de salud.

Esta ley estable que ningún funcionario de la Administración Central, con excepción del Presidente de la República, el cuerpo diplomático y la Fuerza Pública, tendrá una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso Nacional.

En consecuencia, los salarios de los funcionarios altos y medios que toman como base el pago de las cabezas de las Ramas del Poder, estará condicionado por la reducción de sus mandos.

Cabe aclarar, que en marzo de este año se conoció que la misma Sala del Consejo de Estado había declarado la nulidad del artículo que concedía la prima de localización y vivienda a congresistas. Se decidió que solo quienes vivan fuera de la capital del país, en circunstancias específicamente determinadas, tendrían el derecho a este beneficio.

Los afectados
Según el Representante a la Cámara por Bogotá del Partido de la U, Ángel Custodio Cabrera, el problema empezó porque “a algún funcionario chistoso se le ocurrió repartir el salario de los congresistas en primas o salario de representación. Sin embargo, con la reforma tributaria, eliminamos todas esas gabelas y, por lo tanto, hoy el salario carece de discriminación”.

Además, el parlamentario indicó que “las primas representan 30% del salario, pero esas primas son salarios. Hoy eso carece de sentido por la reforma tributaria. Aun así, nos toca acatar la sentencia”.

La salida jurídica que encuentra el parlamentario al problema salarial, es “la creación de un nuevo decreto que diga que eso no se llama prima sino sueldo”.

Gastos, el problema
El problema jurídico, para el profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo, radica en que la ley establece textualmente el reconocimiento de gastos de representación, de salud y de primas de localización, pero “cuando las circunstancias lo justifiquen”, y por eso la idea del decreto era que determinara una circunstancia para que se diera ese derecho. Esa concreción debe corresponder al mandato de la ley.

Así mismo, este hecho implica la presentación de un nuevo decreto que reglamente el régimen salarial de los funcionarios públicos. “Al anularse el decreto se requiere uno nuevo, y el gobierno tiene que establecer causales específicos de causación de la famosa prima de salud”, dice Jaramillo.

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