domingo, 23 de diciembre de 2018
El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, está en la mira de los entes de control
Un nuevo capítulo con respecto al acuerdo 012 que prohibió la minería de metales en la mediana y gran escala en Ibagué, y que el Tribunal Administrativo del Tolima declaró inconstitucional, vuelve a vincular al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y a los concejales, pues la Procuraduría abrió indagación preliminar para determinar si hubo una extralimitación de funciones.
La indagación se abre con base en la queja interpuesta por el hoy expresidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel Urdinola, quien indicó que habría “un abuso del derecho” por parte del mandatario al someter a aprobación del Concejo y su posterior sanción el acuerdo que restringía la minería.
El proyecto fue aprobado bajo el encabezado “por medio del cual se dictan medidas para la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural de Ibagué”.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado a través de un documento dirigido a la Gobernación del Tolima había solicitado enviar a revisión el acuerdo, ya que estaba “viciado de nulidad de manera ostensible, probada, significativa y trascendental, por estar en contravía del ordenamiento jurídico colombiano en cuanto a facultades, deberes y obligaciones”.
La Procuraduría Provincial remitió a la Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa la queja para que se pronuncie en lo relacionado al tema minero. El Tribunal Administrativo tumbó el acuerdo hacia finales del año pasado.
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