Abren indagación por presuntas fallas en licitación del aeropuerto Rafael Núñez
El ente investiga a la Agencia Nacional de Infraestructura por una diferencia de $114 mil millones en el contrato de modernización
22 de abril de 2026
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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación previa dirigida a funcionarios por determinar de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. El objeto de esta administrativa es verificar presuntas irregularidades en el contrato de modernización y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. El acuerdo contractual se estableció originalmente por una cifra superior a $1 billón.
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La investigación se originó tras detectar que el Valor Presente del Ingreso Esperado, Vpie, estipulado en el documento final no guarda relación con la cifra presentada durante la etapa de selección. Según los reportes del organismo de control, se registra una disparidad de $114.4 mil millones en las cuentas. Esta diferencia financiera representa un margen de 9,57 % respecto al valor inicialmente proyectado para el proyecto de infraestructura.
El Ministerio Público señaló que esta inconsistencia numérica podría modificar la ecuación económica pactada en el contrato de concesión. De confirmarse la alteración, la Agencia Nacional de Infraestructura enfrentaría un perjuicio económico directo. La situación implicaría una extensión de los ingresos proyectados para el concesionario fuera de los marcos legales y técnicos establecidos en el proceso licitatorio.
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El proceso de indagación también abarca la revisión de la minuta contractual suscrita entre las partes involucradas. Se han detectado posibles errores en la redacción técnica y administrativa del documento posterior a su firma. Estas fallas estarían vinculadas específicamente con los indicadores de rendimiento técnico y la configuración de las pólizas de garantía exigidas para la ejecución de las obras.
La autoridad disciplinaria analiza las fórmulas financieras y los requisitos contables que rigen la operación aeroportuaria. El concesionario encargado del aeropuerto ha remitido diversas solicitudes de modificación para corregir los puntos señalados en el texto contractual. La Procuraduría busca determinar si estas omisiones constituyen faltas disciplinarias por parte de los servidores públicos responsables de la contratación.
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