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Valentina Acosta Fonseca jueves, 14 de enero de 2021

Al parecer, no habrían realizado las gestiones necesarias para poner a disposición del contratista los predios y así, ejecutar la obra

La Procuraduría investiga a cuatro exfuncionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) que no habrían realizado las gestiones necesarias para adquirir y poner a disposición del contratista los predios necesarios para ejecutar la totalidad de la obra del túnel Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá que tuvo un monto superior a $243.000 millones.

Lo anterior, ocasionó que varios de los trabajos quedaran pendientes por realizar o inconclusos.

Los cargos se dictaron a los siguientes personajes: al exgerente corporativo del Sistema Maestro de la Red Troncal de Alcantarillado, Julián Montoya Guzmán (2009 - 2011); al exdirector operativo de la misma dependencia, Carlos Alberto Acero Arango (2009 - 2012); al exdirector de Interventoría, Hugo Alberto Gómez Garavito (2012), y al profesional adscrito a la Red Troncal de Alcantarillado, Marco Aurelio Sáenz.

A juicio del Ministerio Público, aparentemente la no entrada en operación del interceptor Tunjuelo - Canoas se produjo por el posible incumplimiento de las obligaciones que estaban bajo responsabilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en especial por no haber entregado a tiempo los predios conocidos como Canoas e Invías.

Para la Procuraduría, se habría pagado un total de $242.721 millones, suma que fue reconocida por la misma Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por un contrato que no cumplió su objeto por causas aparentemente atribuibles a esa misma entidad.

La Procuraduría señaló que los exfuncionarios habrían vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia y celeridad de la función administrativa, y además, la presunta conducta de los investigados es considerada como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

El 27 de abril de 2018, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra funcionarios de la Eaab por presuntamente haber emitido un concepto que favoreció a un contratista en la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas.
La medida cobijaba a Germán Martín Esteban Díaz, jefe de la Oficina Asesora Legal de la Eaab y Julio Andrés Flórez Ortiz, supervisor del contrato.

También se pretendía determinar si existió omisión funcionarios en la supervisión del contrato.

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