Vigilancia de presos

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  • Juan Camilo Colorado

miércoles, 13 de diciembre de 2023

El contrato de vigilancia electrónica para presos asciende a $113.116 millones y está previsto para adjudicarse el 22 de diciembre

La Procuraduría General de la Nación lanzó una serie de advertencias con respecto a algunas presuntas irregularidades en el proceso licitatorio de la prestación del servicio de vigilancia electrónica. Frente a esto, el Ministerio Público aseveró que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios habría violado algunos principios de contratación estatal como la selección objetiva y la pluralidad de oferentes.

Según lo recolectado por el Ministerio Público, las advertencias se relacionan con la expedición de una adenda (apéndice) al proceso licitatorio en el que se modificaron los incentivos para la industria nacional y la asignación de puntajes con propósito para, aparentemente, favorecer a una de las empresas participantes.

De la misma forma, la Procuraduría corroboró en la plataforma Secop, que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios modificó esta adenda en términos de los estudios de sector y el pliego de condiciones para asignarle puntajes a "aquellos oferentes cuyos dispositivos electrónicos y soluciones tecnológicas de hardware se produzcan en Colombia en conformidad con el decreto 816 de 2003 y 680 de 2021", mas no en base a la oferta de talento humano.

De parte de la Uspec no existe una justificación de carácter técnico o de otra naturaleza que defina por qué se modificaron los criterios de asignación del puntaje. Por esto, el Ministerio Público resaltó que con estas actuaciones se violaría el principio de selección objetiva y la pluralidad de oferentes; se harán observaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Finalmente, ante esta situación, la directora encargada de la Unidad, Carmen Simijaca, entregó sus explicaciones sobre lo sucedido ante la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia de la Función Pública.

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