Procuraduría alerta por violencia política contra candidatas étnicas al Congreso
La Procuraduría analizó 168 candidaturas y encontró que 35% de las mujeres consultadas reportó haber enfrentado algún tipo de violencia por su participación electoral
28 de septiembre de 2026
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La Procuraduría General de la Nación identificó las brechas de representación y casos de violencia política de género contra mujeres indígenas y afrodescendientes que participaron como candidatas en las elecciones al Congreso para el periodo 2026 - 2030.
El informe “Participación Política de las Candidatas Étnicas a las Circunscripciones Especiales del Congreso 2026-2030: balance y recomendaciones” analizó 168 candidaturas y, por primera vez, examinó las condiciones de participación de las mujeres en estas circunscripciones especiales. Según el documento, las mujeres representaron 30,4% de las inscripciones al Senado por la Circunscripción Especial Indígena, 47,6% en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Indígena y 40,3% en la Circunscripción Afrodescendiente.
La entidad también recogió las experiencias de 62 candidatas. De este grupo, 35% manifestó haber enfrentado algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer y candidata. Entre quienes reportaron estas situaciones, 72% señaló haber sufrido violencia psicológica, mientras que 54% indicó haber experimentado violencia económica.
De acuerdo con la Procuraduría, estos resultados evidencian que, pese a los avances en la participación de mujeres pertenecientes a comunidades étnicas, todavía existen brechas que afectan sus condiciones de participación política y electoral.
Ante los hallazgos, el Ministerio Público recomendó fortalecer las medidas de prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia política contra las candidatas, además de mejorar la información electoral con un enfoque diferencial.
La Procuraduría también anunció la creación de una mesa técnica de seguimiento, organizaciones sociales, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las medidas y contribuir a generar condiciones más seguras para la participación política de las mujeres.
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