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Lina Guevara Benavides - lguevara@larepublica.com.co Miércoles, 17 de mayo de 2017

Mediante una nota de prensa, la Procuraduría defendió que esta modalidad está basada en la libertad del trabajador y su libre decisión sobre su patrimonio. Con ello, explicó que se trata de “un ejercicio de autonomía personal responsable, toda vez que son los primeros que deben verificar su propia capacidad de pago”, teniendo en cuenta que la ley establece como margen que no se puede afectar más de 50% del ingreso.

 El organismo de control concluyó que dicha ley promueve el acceso a la población de bajos recursos a préstamos legales, es decir, con entidades financieras y bancarias, que se encuentran bajo vigilancia del Estado, y que por lo tanto, estos créditos de descuento evitan que las personas recurran a créditos informales, como los ‘gota a gota ‘que por lo general, aumentan su condición de pobreza y suponen cargas mayores.

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