miércoles, 26 de septiembre de 2012
Ante el proceso que se adelantaba en la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal en contra del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, el Ministerio Público ordenó el archivo de la diligencia disciplinaria IUS 2012-16768 y abrió investigación en contra de María Emma Orozco, secretaria general de la entidad.
El reclamo fue presentado por Henry Andrés Leal Rojas, apoderado de Tekve Solution S.A de C.V., una de las empresas participantes de la licitación pública No 09 de 2011, que tenía por objeto, contratar la realización de un proyecto que involucra el suministro e instalación del cableado estructurado, equipos de soporte eléctrico, plataforma tecnológica entre ellos, equipos de computo, impresoras láser y de impacto, aires acondicionados, entre otros. No obstante, fue declarada desierta mediante Resolución 11294 del 27 de diciembre de 2011, la cual el Supernotarido revocó en la Resolución 11354 del 28 de diciembre
Al respecto, el quejoso afirmaba que la Superintendencia de Notariado y Registro no podía ni puede revocar directamente la Resolución por medio de la cual se declaró desierta la licitación, “toda vez que el acto administrativo fue motivado con razones y justificaciones totalmente legales, se requiere para su revocatoria el consentimiento por escrito de los seis oferentes que participaron en el proceso de licitación”, argumentó.
Sin embargo, el entre de control aseguró que comparte los argumentos por los cuales el Superintendente revocó la Resolución, en cuanto a que dicha declaración se encaminaba a proteger los intereses del los participantes en el proceso, pero este supuesto perdió eficacia jurídica, teniendo en cuenta que el interés de ser seleccionados de cinco de ellos había declinado. Así mismo, no consideró que para revocar dicha resolución, necesitaría de la autorización de los cinco proponentes descalificados.
Otra de las acusaciones en este proceso licitatorio, es la presunta inhabilidad de la propuesta de la Unión Temporal de Servicios Tecnológicos ya que al parecer dicho participante se hallaba inhabilitado, por lo cual el Ministerio Público ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los miembros del comité evaluador del proceso, Floralba Rodríguez Gómez, abogada encargada, Oscar Aníbal Luna Olivera, director financiero y Elba Lucia Corredor, jefe de la oficina informática, con el objetivo de establecer si la entidad a la que se adjudicó, debía ser rechazada por estar inhabilitada según numeral 5.3.3 de los pliegos de condiciones. También, investigación preliminar en contra de la secretaria general, María Emma Orozco, para determinar si se dio respuesta a las réplicas formuladas durante la audiencia de adjudicación.
Además, solicitó copia de la propuesta presentada por Unión Temporal de Servicios Tecnológicos y archivó el proceso del Superintendente Vélez García de conformidad con las razones expuestas en el análisis probatorio.
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