La Procuraduría lo acusa por presuntas irregularidades en el pago de órdenes de servicios que superan los $1.300 millones y no se hicieron.
Al parecer, Padilla Sundheim Abogados y Consultores Especializados E.U. e Iarco Limitada se habría apropiado de los recursos de Triple A, “pese a que según el material incorporado al expediente hasta este momento procesal, los servicios contratados no fueron prestados”. Hecho que afectaba al Distrito de Barranquilla, quien tenía derechos accionarios de 14,50%.
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El alto tribunal determinó que las condenas de los funcionarios serían de 16 y nueves años, correspondientemente, por sus acciones ilegítimas en el Cartel de la toga
