La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, defendió su facultad para destituir e inhabilitar a dirigentes políticos que hayan sido elegidos por voto popular.
“La Corte Constitucional, señaló que: ‘en materia de la competencia para destituir e inhabilitar servidores públicos - excepto aforados -, incluso de elección popular, se ha configurado la cosa juzgada constitucional. En esa medida, no es posible cuestionar o discutir la validez constitucional de la competencia de la Procuraduría’”, señaló la entidad de control.
El anuncio se dio como respuesta a la decisión del Consejo de Estado de anular la sanción de inhabilidad contra Gustavo Petro, exalcalde Bogotá.
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