jueves, 8 de octubre de 2020
Con miras a investigar quiénes fueron los responsables de las 12 muertes de ciudadanos registradas por arma de fuego los días 9 y 10
La Procuraduría General de la Nación informó que sigue adelantando en la recolección y evaluación de pruebas dentro de la indagación preliminar por las muertes presentadas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en la que estarían posiblemente implicados miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Los muertes que se investigan, todas por armas de fuego, son la de los ciudadanos Jaider Alexander Castillo de 17 años, Julieth Ramírez Meza, Germán Smith Puentes, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero, Mauricio González, Cristian Camilo Hernández, Lorwan Stiven Mendoza, Anthony Gabriel Estrada Espinosa y Cristian Andrés Hurtado.
"Las indagaciones, que se iniciaron en aplicación del poder preferente para asumir los procesos que adelantaban la Inspección General y la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional, busca identificar a los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá presuntamente comprometidos con excesos en el uso de la fuerza y violación de los derechos humanos de las personas muertas mientras participaban en las manifestaciones y/o cuando circulaban por diferentes vías de la capital", señaló la Procuraduría
Para la investigación, la entidad dijo que además de las quejas recibidas vía correo electrónico y las remitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Personería Distrital, la Procuraduría también cuenta con la información entregada por la Policía Nacional, entre la que figuran los videos de las cámaras de vigilancia; así como el material recaudado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales en los procesos penales que por estos hechos también adelanta la justicia ordinaria.
Según se informó, estos procesos contarán con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN, de acuerdo a las facultades de Policía Judicial otorgadas por el artículo 10 numeral 2 del Decreto 262 de 2000 y artículos 137 y 148 de la Ley 734 de 2002, que se encargará de las visitas a las entidades, recolección y recopilación de pruebas y realización de los informes técnicos.
Adicionalmente, el organismo también se refirió al caso de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, en donde dijo que la investigación y la audiencia disciplinaria avanza contra los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, por el presunto abuso de autoridad y muerte del abogado en la madrugada del 9 de septiembre.
No obstante, el proceso ha venido presentando varias trabas debido a que los expatrulleros han venido ejerciendo "mañas" dilatorias en las audiencias, en donde vienen manifestando que no cuentan con abogados de confianza.
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