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Judicial

Procuraduría inhabilitó por 15 años a exdirectora de Aremca por obras viales en San Andrés

La exfuncionaria fue capturada por la Fiscalía por irregularidades en el uso de $30.000 millones de regalias

16 de abril de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


Procuraduría General de la Nación
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La Procuraduría General de la Nación profirió un fallo de primera instancia mediante el cual declaró responsable disciplinariamente a Emilia Álvarez Guerrero, quien se desempeñó como directora ejecutiva de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, Aremca. La decisión establece la destitución de la exfuncionaria y una inhabilidad general para ejercer cargos públicos por un periodo de quince años.

El proceso administrativo se originó tras detectarse irregularidades en la ejecución y reinversión de un proyecto de infraestructura vial en el departamento de San Andrés. Las obras consistían en el mejoramiento y rehabilitación en concreto rígido de vías rurales priorizadas en diversos sectores de la isla, tales como Four Corner, Pepper Hill, Duppy Gully y Orange Hill.

La investigación determinó que los recursos destinados a este contrato, financiados a través del Sistema General de Regalías por una suma superior a los $30.000 millones, presentaron fallas en su gestión. La decisión del ente de control surge tras evaluar el informe de un servidor público y el posterior traslado de alegatos de conclusión dentro de la etapa procesal correspondiente.

En el marco de estas actuaciones, la Fiscalía General de la Nación procedió con la captura de Álvarez Guerrero durante una diligencia judicial reciente. Esta medida se suma a las investigaciones que también vinculan a otros funcionarios del gobierno departamental del Archipiélago y representantes técnicos de organismos nacionales involucrados en el manejo de los fondos.

La sanción impuesta por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 queda sujeta a los recursos de ley por parte de la defensa. Por el momento, la resolución ordena el registro inmediato de la decisión en los sistemas de información pública y la notificación a las partes interesadas para el cumplimiento de los términos legales establecidos.

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