Procuraduría pide revocar orden de investigación a Postobón

Dicha orden la había dado el Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala de Justicia y Paz, a la hora de condenar al paramilitar Javier Antonio Quintero Coronel. El fallo señala que desde 2008, el paramilitar Armando Madriaga Picón, encargado de recoger las finanzas en Aguachica (César), ha dado a conocer en su versión libre el presunto pago que habría hecho la empresa.

La Procuraduría señala que esa petición de investigación debe revocarse porque el testimonio que se cita no fue una prueba aportada por la Fiscalía, que no pudo contrastarse y que tiene un débil sustento probatorio.

En su versión libre, Madriaga Picón dijo que en el comercio recogía entre 40 y 60 millones de pesos. “El distribuidor de Postobón mensualmente me daban 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos mensuales por esa gaseosa. Eso lo ordenó el Gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatoria con la reunión que se le había hecho al comercio se le avisaba al negocio y se mandaba cerrar al que no colaboraba”.

Para la Procuraduría, “se trata de informaciones genéricas, no señala a personas o establecimientos en concreto, ni aporta elementos que permitan establecer el origen de esa financiación y tampoco si los aportes, fueran voluntarios, por la cercanía con la causa paramilitar como lo sugiere la Sala o por el contrario, correspondían al cobro de ‘cuotas’ que impusieron en la zona en la que operaban los comerciantes”.

LA ORDEN DEL TRIBUNAL

El Tribunal señaló en el fallo que si ese supuesto aporte que habría hecho Postobón fue voluntario, “será inminente conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso y por otro lado, la actuación que para el caso, ha adelantado la Unidad de Reparación Integral de las Víctimas”.

El Tribunal señaló que dicho frente se financiaba con cobro de 'impuestos' en poblaciones del Cesar y Norte de Santander, el hurto de combustible y de ganado, el impuesto al gramaje de coca y contribuciones de empresas. De acuerdo con el paramilitar Javier Antonio Coronel, estaban incluidas empresas palmeras que pagaban de acuerdo a la extensión de tierra y a su capacidad de producción.

Estos ingresos se destinaban a la manutención del frente, que era comandado por Juan Francisco Prada, para el pago de sus integrantes y para pagar una nómina paralela de la Fuerza Pública a fin de permitir las acciones ilegales del frente: “En ese sentido, se fijaron pagos que iban desde los tres millones de pesos para ciertos comandantes y 300 mil pesos para los patrulleros, hasta el pago de cuentas contraídas como las del celular”, dice el fallo.