Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación. Colprensa

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Lina María Guevara Benavides domingo, 4 de febrero de 2018

Según el ente de control, la declaratoria de emergencia no exime al Distrito de su responsabilidad.

La Procuraduría General de la Nación anunció que le pidió a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de Enrique Peñalosa, que en dos días presente un informe de las acciones adoptadas para evitar que la ciudad se vea inmersa en una problemática social, ambiental y económica, por la situación que se viene presentando con los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá.

Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación, citó a la alcaldía a brindar respuestas csobre lo que se ha estado haciendo "para reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos causados por la deficiente operación del servicio de recolección de basuras; lo cual a su vez está generando alteración de la calidad del aire, del suelo, y grandes situaciones sociales y de orden público".

Según el ente de control, la declaratoria de 'Emergencia Sanitaria y el Estado de Prevención Ambiental o Alerta Amarilla en Bogotá', no exime de su responsabilidad al Distrito de garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar la "proliferación de olores ofensivos, cambio de la calidad de visual del paisaje urbano, alteración de las características físico químicas de las fuentes receptoras de vertimientos de lluvias, y posibles afectaciones de los ecosistemas".

Además, la Procuraría General citó a las partes para que en las próximas horas se sienten en una mesa de trabajo y definan una solución.

A la fecha, el ente de control ya ha acompañado las mesas de trabajo lideradas por la Personería Distrital en relación con la situación laboral de 3.200 trabajadores y la imposibilidad de seguir prestando el servicio, según lo decidió el Tribunal Contencioso Administrativo de Bogotá.

Sin embargo, también se convocó a los nuevos operadores con el fin de buscar posibles alternativas de vinculación laboral y atender los reclamando frente a una presunta vulneración al derecho al trabajo, la protección laboral y el mínimo vital.

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