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Colprensa Martes, 30 de diciembre de 2014

En el escrito de colaboración presentado respecto de la acción de tutela promovida por varios servidores de la Contraloría en contra de la citada sociedad, la Procuraduría manifestó que es necesario ordenar al arrendador el despliegue de acciones y medidas para que el ente de control cuente con el tiempo necesario para desalojar el edificio que hoy ocupa y conseguir una nueva sede para continuar cumpliendo su labor. Este tiempo en ningún caso puede ser inferior de seis meses, tal como lo solicitan los accionantes. 

Señaló que la situación que enfrentan los servidores de esta entidad les impedirá, en el inmediato futuro, cumplir cabalmente el ejercicio de la función de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 

La Procuradora encargada manifestó, además, que ante la inminente terminación del contrato de arrendamiento este 31 de diciembre, “el país se vería abocado a una situación de desinstitucionalización, como quiera que el órgano de Control fiscal no tendría lugar en el cual pudiese continuar desarrollando su función constitucional, lo que comporta adicionalmente una vulneración a los derechos de los ciudadanos”. 

Así mismo, las actividades administrativas de las entidades en todos los niveles se verían seriamente afectadas, pues trámites como la expedición del certificado de antecedentes fiscales presentarían inconvenientes. 

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