Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Jueves, 23 de agosto de 2012

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en conjunto con la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, presentó ante la plenaria del Senado de la República un balance sobre los resultados del ‘ejercicio de la función de monitoreo y seguimiento de los organismos de control a la Ley 1448 de 2011’, conocida como Ley de víctimas, durante el primer año de su implementación.

Estas entidades hacen parte de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Control (COSOC), y registraron conclusiones y recomendaciones.

Sistemas de información
El Gobierno Nacional cuenta con facultades e instrumentos necesarios para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno y, para ello, los sistemas de información y el hábeas data van a ser muy importantes en el cumplimiento de los objetivos de la Ley. Entre ellos se encuentran el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), así como el registro de las otras víctimas del conflicto. A la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Control (COSOC) le preocupa en este aspecto que muchas de las acciones planteadas o previstas para ser implementadas en un futuro, 'o se encuentran en un nivel incipiente en su desarrollo, o no están siendo desarrolladas, aspectos que afectan de manera directa el proceso de implementación de la ley de víctimas y sobre todo el alcance de las metas previstas para el 2012'.

Restitución de tierras

El marco de justicia transicional en el que se expide la Ley de víctimas permitió diseñar un trámite judicial para la restitución de derechos sobre la propiedad o posesión de la tierra, sustentado en el acompañamiento estatal a la víctima, en el que se incluyen presunciones legales y la inversión de la carga de la prueba, entre las medidas favorables a ella. Sobre esto, la Cosoc quiere llamar la atención en lo que tiene que ver con el tiempo en que se debe resolver la inscripción en el registro y la forma en que el magistrado valorará las pruebas con las que se pretenda demostrar la 'buena fe exenta de culpa', para que no se termine beneficiando a eventuales despojadores o victimarios.

Nueva institucionalidad
Dice el informe que 'un primer acierto de la ley 1448 ha sido reconocer las deficiencias institucionales que el modelo de atención a población en situación de desplazamiento había desarrollado y tratar de crear un sistema nacional que permita enfrentar el problema de la reparación integral de las víctimas'. La idea no es crear entidades sino organizar un sistema nacional y esto es un gran acierto. Al respecto, la Procuraduría recomendó que uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la implementación de esta política es la necesidad de hacer claridad sobre los roles y las responsabilidades asignados a las entidades, de forma que el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a Víctimas sea construido a partir de los planes de acción de las entidades territoriales, de los planes operativos de los subcomités técnicos y de los documentos CONPES, logrando el objetivo propuesto por la Ley.

Presupuesto
El informe señala que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público juega un rol importante dentro de este marco institucional en la medida en que asigna los recursos para que las entidades funcionen. Allí encuentra la Comisión que el gasto del Gobierno Nacional en la población víctima ha sido creciente en el curso de los últimos trece años, sin embargo esto no se traduce en una cobertura plena, ni en que haya sido un gasto más eficiente. Para la Comisión, liderada por el jefe del Ministerio Público, resulta altamente preocupante que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que contempla la próxima reforma tributaria se reduzca la presión fiscal de 14,5% a 13,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en el periodo de 2012 a 2023, lo cual lleva a preguntarse: ¿dadas las circunstancias sociales por las que atraviesa el país vale la pena reducir la presión fiscal a menos de la media de América Latina y muy por debajo de países de igual nivel de ingreso que el nuestro?.

Nación-Territorios
Destaca el documento que si bien el panorama regional de las víctimas es heterogéneo, ya sea por las características de los agentes que la producen (paramilitares, guerrilla, bandas de criminales, narcotraficantes, entre otros) o por las víctimas, resulta importante rescatar el mensaje de la Corte Constitucional de calificar al Gobierno Nacional como el garante de última instancia del goce efectivo del derecho de las víctimas. En este informe se presenta para consideración del Congreso y del Gobierno una propuesta de agrupación regional en seis conglomerados con el fin de que la política pública de atención a las víctimas en el orden territorial se estructure de un modo que la acerque más a la dinámica regional.

Participación de las víctimas
La comisión recomienda que la participación no sea solamente una cuestión de legitimidad política del proceso sino que sea un aspecto vital para el éxito de la implementación de la Ley de víctimas, pues permite incorporar una perspectiva diferencial tanto a nivel territorial como poblacional que es fundamental.

Medidas de reparación
Un componente de la ley 1448 se refiere a las medidas de reparación consideradas en la ley. 'Establecer como medida de reparación el acceso a la salud, la educación, el empleo o a las distintas políticas de subsidios, no refleja en su verdadera dimensión la problemática de la violación a los derechos humanos de las víctimas'.