Procuraduría respalda emergencia económica por sismo y advierte retrasos en ayudas

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La Procuraduría General de la Nación respaldó ante la Corte Constitucional la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Sin embargo, el Ministerio Público pidió alto tribunal poder precisar el alcance territorial de dicha medida.

En el concepto que fue enviado a la Corte, la Procuraduría concluyó que los decretos 1261 y 1348 de 2026 cumplen los requisitos constitucionales para mantener el estado de excepción. La entidad argumentó que el sismo y sus réplicas fueron hechos imprevisibles que provocaron afectaciones graves en distintos sectores.

De acuerdo con el concepto, los daños alcanzaron viviendas, vías, servicios públicos, colegios, hospitales, aeropuertos y prisiones. También se registraron afectaciones en sectores agropecuarios.

Para el Ministerio Público, la magnitud de la emergencia superó la capacidad de respuesta ordinaria del Estado. En ese sentido, sostuvo que los mecanismos previstos por la legislación para atender desastres resultaron insuficientes frente a la magnitud, y la complejidad de las afectaciones.

Uno de los puntos planteados por la Procuraduría está relacionado con la delimitación territorial. Aunque consideró cumplido este requisito, solicitó que la Corte Constitucional precise que la emergencia cobija a los 496 municipios en los que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, reportó afectaciones, además de aquellos municipios en los que pueda demostrarse que también sufrieron daños por el terremoto.

La Procuraduría también advirtió que no se han entregado todos los auxilios económicos para los damnificados de Risaralda, Quindío y Caldas. Durante visitas de verificación, autoridades territoriales reportaron demoras y problemas en la distribución de los recursos. Además, el Registro Único de Damnificados, RUD, habría dejado por fuera a familias afectadas, especialmente en zonas rurales, esto debido a que fue cerrado el 4 de septiembre sin que terminaran todas las evaluaciones de las viviendas.

Ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá determinar si los decretos expedidos por el Gobierno se ajustan a la Constitución y si se cumplieron los requisitos establecidos para declarar el estado de excepción.