Procuraduría solicita a la Corte Constitucional anular emergencia económica de 2025
Se solicitó preservar las medidas que financian el sistema de salud para evitar una afectación directa en la atención a los ciudadanos
03 de marzo de 2026
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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, presentó ante la Corte Constitucional un concepto técnico de cuarenta páginas referente al Decreto Legislativo 1390 de 2025, en el que solicita declarar inexequible la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional a finales del año anterior.
La solicitud se fundamenta en que las medidas propuestas no responden a eventos sobrevinientes o extraordinarios, sino a situaciones derivadas de la gestión y planeación de las entidades públicas.
El análisis entregado al magistrado Carlos Camargo sostiene que la búsqueda de recursos para sectores como defensa, la Unidad Nacional de Protección y el pago de sentencias judiciales debe realizarse mediante los conductos legales ordinarios. Según la Procuraduría, los argumentos del Ejecutivo para utilizar facultades excepcionales en estos ámbitos carecen de los presupuestos constitucionales necesarios. El organismo de control enfatiza que la actual situación fiscal es producto de una acumulación de factores previstos y no de hechos imprevistos.
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No obstante, el concepto jurídico incluye una excepción específica orientada a proteger la estabilidad del sistema de salud ante el déficit financiero reportado. Eljach solicita a la Corte mantener la vigencia de las disposiciones que garantizan la financiación de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. El procurador argumenta que, aunque la crisis sanitaria es estructural, la falta de liquidez actual requiere medidas urgentes para no interrumpir la atención de los pacientes y el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Esta postura coincide con la visión de la Defensoría del Pueblo, que también ha pedido la anulación de la mayoría del decreto manteniendo únicamente lo relativo a la financiación sanitaria. Ambas entidades señalan que los motivos expuestos por el Gobierno para la declaratoria de emergencia eran previsibles. La Defensoría ha sugerido que se otorgue un plazo para tramitar estas necesidades financieras a través de leyes ordinarias, evitando así el uso prolongado de decretos de excepción.
La Sala Plena de la Corte Constitucional deberá emitir un fallo definitivo sobre la legalidad de este decreto antes de mediados de abril. Este proceso ocurre en un contexto donde la corporación ya suspendió provisionalmente la emergencia en una decisión previa.
Mientras se resuelve el fondo de esta controversia jurídica, el Ejecutivo ha avanzado en la emisión de un nuevo decreto de emergencia fundamentado en las consecuencias climáticas de la temporada invernal.
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