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Legislación

Procuraduría solicita a la Superintendencia de Servicios Públicos precisiones sobre Air-e

El ente de control realiza la revisión tras cuestionar la falta de claridad en los informes previos y la rotación de los agentes involucrados

16 de marzo de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


Renunció el cuarto intervento de Air-e
@Aire_Energia
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Procuraduría General de la Nación requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ampliar la información sobre las estrategias financieras proyectadas para la compañía Air-e S.A.S. E.S.P. Esta solicitud surge tras el análisis de un primer reporte entregado por la Superintendencia, el cual fue calificado por el organismo de control como insuficiente para comprender el estado actual de la intervención estatal.

El Ministerio Público señaló la ausencia de detalles técnicos en las propuestas destinadas a prevenir la liquidación definitiva de la empresa prestadora del servicio. Según el organismo, el documento previo no permitió establecer una hoja de ruta clara sobre la recuperación económica de la entidad ni sobre la viabilidad de las alternativas planteadas por el Gobierno nacional.

Asimismo, la Procuraduría solicitó explicaciones técnicas sobre las causas que han generado la rotación de los agentes especiales encargados de la intervención. La preocupación radica en la falta de datos sobre las medidas implementadas para asegurar la trazabilidad administrativa y la estabilidad en la toma de decisiones durante estos cambios de liderazgo en la gestión de la compañía.

Dentro de las acciones preventivas, las delegadas para la Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Ambientales y Energéticos pidieron confirmar la existencia de un plan de solución formalmente estructurado. De existir dicho plan, la Superintendencia deberá remitir los soportes documentales que avalen la operatividad y el financiamiento de las soluciones propuestas para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El requerimiento enfatiza la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. La vigilancia del proceso busca asegurar que la intervención estatal cumpla con los estándares de eficiencia administrativa necesarios para proteger un sector considerado estratégico para el desarrollo económico y social del país.

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