jueves, 17 de diciembre de 2020
Como parte de una acción preventiva, el ente de control busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela
La Procuraduría General de la Nación dio inici a un programa de vigilancia a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con entidades del orden nacional y territorial, por un monto que supera los $191.000 millones.
El ministerio público identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracan Iota, en el departamento se han a celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones, de los cuales seis, que suman $2.315 millones corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago como el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de transito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto, por lo que se abrirá proceso disciplinario.
Como parte de una acción preventiva, el ente de control busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla.
La Procuraduría focalizó la vigilancia y seguimiento en 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de $16.300 millones.
Los contratos focalizados fueron suscritos con Carlos Rafael Benet González, el Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S.
Desde 2008 estas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, por un valor superior a los $56.639 millones, de los cuales el 80% fueron adjudicados por la gobernación del archipiélago.
Entre enero y marzo la contratación sobrepaso los $112 mil millones. De abril a loque va corrido de diciembre, cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la contratación fue de casi $79 mil millones.
El órgano de control solicitará información a las siguientes entidades del orden territorial y nacional como el Icbf, el ICA y el Sena, entre otras.
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