Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación. (Colprensa - Diego Pienda)
martes, 21 de mayo de 2019
La Procuraduría General de la Nación adelantará vigilancia preventiva y de intervención administrativa o judicial
La Procuraduría General de la Nación adelantará vigilancia preventiva y de intervención administrativa o judicial, para asegurar que el acuerdo al que llegaron Transmilenio y siete concesionarios del Sitp respete el derecho fundamental de los ciudadanos a la movilidad, el buen manejo de los recursos y la calidad del servicio público del transporte.
“Con controles sociales e institucionales al transporte público, mejorarán la calidad de vida de los usuarios del sistema y sus repercusiones incluso se verán reflejadas en el medio ambiente”, aseguró el procurador General, Fernando Carrillo Flórez.
Después de la instalación de una mesa de trabajo que sesionó por más de seis meses, sumado a la aprobación en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo de un artículo que autoriza la modificación de los contratos, la Procuraduría dio por cerrada esta etapa y anunció el inicio de la vigilancia preventiva a los acuerdos que se plasmen en el otrosí que firmen las partes para mejorar la calidad del servicio, derivada del monitoreo por kilómetro recorrido.
El Ministerio Público en comunicación dirigida a la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araújo, planteó 22 interrogantes que los firmantes de un eventual otrosí deberán ponderar para garantizar la calidad del servicio, la eliminación de prácticas ya proscritas como la guerra del centavo y si existe un mapa de riesgo derivado de su aplicación, ente otras inquietudes.
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