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Legislativo

Proponen una nueva regulación para el porte legal de armas en el territorio nacional

La iniciativa legislativa es liderada por la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés

16 de marzo de 2021

Vanessa Pérez Díaz

vperez@larepublica.com.co

Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

Durante el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, la senadora María Fernanda Cabal y el representante Christian Garcés radicaron un proyecto de ley para fijar nuevas reglas en el porte legal de armas.

Una de ellas es eliminar la figura llamada "porte especial de armas", mediante la cual, según explicaron los congresistas, redujo "la posibilidad de protección personal a miles de colombianos que venían beneficiándose del poder disuasorio de las armas amparadas por el Estado".

Esa figura fue aprobada durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales de difícil acceso (…) Con frecuencia vemos cómo, criminales dispuestos a todo, cobran vidas de inocentes y en todos los casos hubo un factor determinante: Las víctimas no tuvieron cómo defenderse” señaló la senadora Cabal.

Garcés aclaró que la intención de la normativa, que fue radicada con el apoyo del Centro Democrático y otros partidos, no es armar a los colombianos. Explicó que el objetivo con el proyecto de ley es fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas., fomentando el registro de las mismas, con un proceso de requisitos y tiempos claros para que las autoridades expidan permisos de tenencia y porte a la ciudadanía que opte por protegerse con un arma de corto alcance.

“Con la radicación de este proyecto le cumplimos a miles de colombianos que se vieron afectados por la medida de porte especial. De las cerca de 400.000 licencias que había en 2016 pasamos a 6.000; mientras más de 2,5 millones de armas ilegales circulan en el país y son usadas en la gran mayoría de los delitos que se cometen tanto en zonas urbanas como rurales. La idea es que en adelante el Gobierno no suspenda el porte masivamente, sino que se recupere el acceso que ya se tenía al porte legal, con los debidos requerimientos, y se consideren los casos de riesgo de manera individual”, precisó.

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