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Ana María Castro A. martes, 3 de mayo de 2016

El proyecto se presentó teniendo en cuenta los múltiples factores que han deteriorado las áreas marinas y costeras. Y por la descoordinación de los actores que intervienen en dichas zonas y en las playas, se pretende, a través del proyecto, establecer un marco de ordenamiento ambiental del territorio marino-costero, en el cual se fortalezca la preservación, se promueva el uso sustentable del ambiente y se establezcan medidas de compensación ambiental para dichas zonas. 

Se pretende que la aplicación de la norma que se propone, sea para todas las áreas costeras y marinas del territorio colombiano y que sea el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, quienes ejerzan las acciones que constituyan el ordenamiento integral del territorio marino-costero en Colombia. 

Como acciones se tienen: las medidas de conservación, rehabilitación y restauración de los ecosistemas marinos y costeros y sus recursos, para preservar la diversidad biológica y garantizar la oferta de bienes y servicios, la inserción de los ecosistemas marinos y costeros dentro del ordenamiento territorial de la nación, reconociéndolos como parte estratégica e integral del territorio, el establecimiento de un Plan Nacional de Manejo Integrado en las zonas costeras y mares, donde se determinen las competencias, alcances y mecanismos de articulación entre los diferentes entes a nivel nacional, regional, departamental o local que intervienen en el manejo de dichas zonas, la creación de un plan estratégico de conservación y recuperación de las áreas marinas, la incorporación de estudios ambientales en el desarrollo de todas las obras de infraestructura costera, entre otros. 

La norma crea un régimen sancionatorio ambiental especial para las áreas minero costeras, implementando la compensación ambiental, para resarcir y remediar el entorno de las mencionadas zonas, que sean afectadas por impactos negativos generados gracias a la intervención del hombre o por las actividades productivas llevadas a cabo. Esta  debe guardar proporcionalidad con el daño ambiental y es acumulable con sanciones pecuniarias impuestas por autoridades ambientales o suspensiones de ejecución de la actividad, por seis meses, impuestas a actividades productivas que causen cualquier tipo de deterioro ambiental. 

Se contempla también la creación de centros de investigación, de una plataforma de información costera-marino nacional y fondos especiales para la preservación de las zonas marino-costeras. Sin embargo estas medidas deberían ser suprimidas de la ley, para que en su lugar se proponga fortalecer los centros de investigación científica existentes y a su vez se fortalezca el sistema de información ambiental que deben tener las autoridades ambientales y el Ministerio de Ambiente. 

En mi opinión el proyecto de ley se queda corto frente a la normatividad que deben tener las zonas marino-costeras del país, especialmente si se tiene en cuenta el auge de la construcción allí.

La norma debe contemplar una reglamentación más específica respecto de las actividades permitidas y de los parámetros que debe seguir el sector industrial, si por su actividad generan algún impacto en dichas áreas.

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