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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co sábado, 20 de junio de 2015

“Es el hito más grande del desgreño administrativo de la salud donde saltan a la vista dos aspectos: que no hay un sistema contable que ofrezca credibilidad y que sus cuentas no son claras”, aseguró Jaime Arias, presidente de Acemi.

La mayor sospecha, consignada en el informe de la Unión Temporal Auditoría Forense 2013, devela una estructura que no cuenta con facturas soportes de pagos ni contratos, irregularidades en la contratación de cooperativas, dobles pagos por las mismas obligaciones y por usuarios, que podrían sumar $10 billones solo entre 2010 y 2012.

Una investigación que significó la compilación de 14 tomos y siete discos compactos con 20 millones de datos, que según denuncias recibidas por LR no han tomado vuelo en las entidades de control.

La directora de Caprecom Luisa Fernanda Tovar, explicó que “una vez se recibió el informe fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Salud y el Zar Anticorrupción” y son ellas las que deberán proceder frente a las investigaciones respectivas.

Por lo pronto la entidad está en un Plan de recuperación que está en ejecución y que tiene un plazo de culminación hasta el 24 de agosto de este año.

Las cifras no concuerdan. De acuerdo con Caprecom, la compañía registró un patrimonio de $3.601 millones, al cierre de 2010, mientras que los dos años siguientes  fue negativo de $280.860 millones y  $506.333 millones. Según los hallazgos,  tuvo un balance presupuestal negativo en los tres años que sumados dan una cifra cercana a $1,4 billones.

Las acciones fraudulentas se encuentran, por ejemplo, en los $3,25 billones de procesos jurídicos, de los cuales $241.996 millones son pagos que se efectuaron y de los que no existen soportes contables; los sobrecostos estimados en $4.896 millones y entregados a 48 IPS; los $3,10 billones en contratos sin liquidar, entre otros.  Los pagos indebidos y dobles pagos habrían llegado a $38.116 millones entre 2010 y 2012, estimó la Auditoría liderada por Néstor Miguel Murcia y Gildardo Tijaro. Entidades de Chocó, Bolívar, Tolima, Meta y Sucre se vieron beneficiadas por recibir el doble de lo que les correspondía por cuenta de glosas y acuerdos de transacciones hechos por profesionales sin atribuciones misionales, así como sobrepagos en defensa judicial.

Hay información fraudulenta que alcanza los $947.196 millones y que incluyen pagos registrados que no coinciden con la confrontación a terceros realizada por la Auditoría. Es el caso de los $43.352 millones de IPS de los que solo se pudieron corroborar $3.396 millones; así como los recaudos sin aplicar a cuentas por cobrar de $83.061 millones.

Se encontraron descuidos imperdonables que incluyen unos recobros tardíos de 7.600 procedimientos por $15.510 millones que tenían demoras en radicación de mínimo un año, además de los $11.281 millones de recobros solicitados al Fosyga, sin registros contables. Esta inestabilidad también se demuestra en los siete directores generales que han pasado por la entidad desde 2010. Solo en 2012 fueron tres: Juan Carlos Botero Salazar, Carlos Mario Ramírez Ramírez y Jorge Eduardo Suárez Gómez. La Unión Temporal encontró $3,8 billones de pagos a cuentas médicas que se realizaron sin auditoría, entre 2010 y 2012 y facturas por pagar a proveedores de $4,36 billones, de las que solo $1,1 billones existen con registro contable. Su relación con cooperativas también presenta irregularidades.

La Auditoría señala que pese que existieron contratos con 115 por $496.336 millones, 45% de los pagos se concentraron en dos que presuntamente tienen representantes legales que son familiares. Es el caso de Cooperamos y Coopservicios, ubicadas en Manizales, encabezadas por César Augusto Aristizábal Giraldo y Juan Carlos Aristizábal Bernal. Además, dijo que “dicho valor representa la contratación tercerizada de aproximadamente 8 veces el total del gasto de la nómina de planta de personal”; una situación muy grave si se tiene en cuenta que los servicios  suministrados son para atender “actividades en su mayoría pertenecientes a los procesos misionales de la entidad”, señala el documento. 

Los usuarios irregulares tienen que ver con el número de internos del Inpec atendidos. Mientras el contrato estableció 55.000, la atención llegó a 75.000 “ocasionándose una diferencia mes a mes estimada en $6.488 millones”. “Hoy Caprecom no es viable como la conocemos”, dijo el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, en enero 2015.

Esta frase pone presente la salida del Chocó de la EPS, y en los demás lugares en los que se pueda garantizar el servicio. La Empresa tiene 15% del mercado del régimen subsidiado y atiende 3,3 millones de usuarios en todo el país, “lo que hace más difícil su inmediata liquidación, pues hay muchas EPS que no están interesadas”, dijo Arias.

Para Gustavo Morales, exsuperintendente de Salud, eso está solucionado con las leyes que ha liderado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria y que hace muy fácil el traslado de los usuarios. “Aquí, el verdadero problema es que una posible liquidación de Caprecom deja insolutas las deudas con la red pública de hospitales”.

Tovar aseguró que actualmente se están fortaleciendo los procesos de auditoría y a través del  Sistema Transfiriendo se está garantizando la información.

Las opiniones

Jaime Arias
Presidente de Acemi

“Caprecom es la papa caliente del Estado en temas de salud. Habrá que liquidarla y hacerlo por partes es muy difícil. Una opción es que el Gobierno encuentre un socio, como lo hizo con Nueva EPS”.

Gustavo Morales
Exsuperintendente de salud

“Reubicar a los afiliados de Caprecom en un escenario posible de liquidación no es un escollo. El problema real sería para la red pública hospitalaria, pues Caprecom es su principal pagador”.

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