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Natalia Arteaga - narteaga@larepublica.com.co sábado, 16 de agosto de 2014

Decidir que la Contraloría General de la República (CGR) tendría que ser trasladada de la Torre Colseguros a la sede de Salitre, se le volvió un ‘dolor de cabeza’ a Sandra Morelli quien hoy será reemplazada en su cargo por Gilberto Rondón, Carlos Ardila Ballesteros o Edgardo Maya.

La decisión sobre quién debe reemplazar a Morelli en la dirección del máximo órgano de control fiscal en Colombia, la tomará en pocas horas el Congreso de la República.

Mientras los procesos legales que enfrenta Morelli corren por cuenta de la Fiscalía y la Auditoría, que han encontrado supuestas irregularidades en el trasteo desde Colseguros hacía la nueva sede de Salitre, LR se dio a la tarea de realizar un sondeo con líderes de la construcción en Colombia y los resultados, respaldarían las versiones que ha dado la saliente funcionaria, en las que argumentaba malas condiciones físicas, de vetustez y deterioro que pondrían en riesgo la seguridad y efectividad del trabajo de sus empleados.

En un informe oficial presentado por la CGR al diario, la organización deja evidencia con material fotográfico que la Torre, no contaba con sistemas de alarmas y en caso de emergencia, se daba aviso a los trabajadores con pitos. El documento también dice que la planta eléctrica era demasiado antigua y que las oficinas tenían problemas de ventilación.“Las zonas mencionadas, en especial la de parqueadero con cupo para 127 autos (la Contraloría tiene actualmente 4.495 empleados), presentan humedades, grietas, ductos sin ventilación, cables expuestos, falta de señalización, extintores y escaleras mal ubicadas”.

El tema de los parqueaderos pareciese ser un ‘sonajero viejo’ entre los constructores y dice Carlos Arango, presidente de la Constructora Bolívar, que “desde hace algún tiempo se venía hablando de que Colseguros tenía dificultades importantes en este área para los carros”.

En la investigación realizada con expertos del sector (que se negaron a aparecer en el artículo), se pudo determinar que la edificación de la antigua sede ubicada sobre la calle 10, sí contó con estudios de la empresa privada que determinaron que la entidad sufría de los deterioros señalados en el documento oficial de la Contraloría y recalcan además, que habrían falencias como la altura libre de entre piso, la conectividad de punta y la adecuación de parqueaderos que difícilmente se podría solucionar y ajustar a sistemas de competencia actual. La pregunta es ¿Por qué la Contraloría no presenta el estudio de la empresa privada?

Expuso Gabriel Arango, arquitecto de AIA Arquitectos e Ingenieros S.A., que aunque no conoce el caso específico de la Torre Colseguros, sabe por su experiencia, que los edificios tan viejos como el mencionado, “adolecen” de rutas de evacuación porque en el pasado, no habían normas que reglamentaran dicha necesidad y eso, podría poner en riesgo la vida de los funcionarios que laboren en espacios sin señalización, esto en caso de emergencia.

La Ley 1562 de 2012 (Ley de Riesgos Laborales) obliga a todas las organizaciones de carácter público y privado a implementar programas de salud ocupacional que contemplan higiene y seguridad industrial, en el que se exigen las rutas de evacuación, según Daniel Acevedo, abogado consultor.

En entrevista con la auditora Laura Marulanda, la funcionaria había indicado que Colseguros, aguantaría la construcción de nuevos pisos , pero de acuerdo con Arango, esto sería muy complejo por los cambios que han sufrido las normas de sismo resistencia (la última fue expedida en 2010, NSR10).

“Cuando lo construyeron seguramente le dejaron la capacidad para seguir ampliando la obra a futuro, pero al agregarle otros pisos, el sismo se comporta muy diferente y podría ser más susceptible a desastres naturales”.

Para Carlos Montoya, gerente de la Empresa de Renovación Urbana, el edificio tiene un valor arquitectónico e histórico muy importante en la ciudad, pero sin duda “tiene carencias en la normatividad técnica, porque estas se empezaron a construir en Colombia a partir del terremoto en Armenia en 1999 y el edificio es de la década de los 70”.

Aunque la seguridad fue el argumento inicial de Morelli, Margarita Jiménez, directora de la oficina de planeación de la Contraloría, asegura que el problema para remodelar, también estuvo en que el edificio del centro, no era una propiedad exclusiva de la entidad pública, que solo tenía 53,98% de participación.

El porcentaje restante está entre: la Auditoría, liderada por Marulanda, 2%; personas jurídicas, 33%; y personas naturales, 10,4%. “La decisión de remodelar no era solo de la Contraloría, había que poner de acuerdo a los copropietarios y eso no se logró”, dijo Jiménez.

La explicación de Jiménez coincide con la de Andrés Escobar Uribe, gerente de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S., quien asegura que el caso no es el único entre edificios viejos que se han quedado ‘estancados’ en el tiempo, porque los dueños no se ponen de acuerdo al momento de remodelar. “Hay muchos edificios de los años 60, situados en las carreras décima y trece, que se deterioran a la vista de todo el mundo, porque existe un problema de gobernabilidad inmobiliaria. Cada edificio tiene decenas de propietarios antiguos, lo cual dificulta lograr los quórum necesarios para aprobar inversiones extraordinarias para mantenimiento y remodelación. Y en esos casos, ninguno de los propietarios puede proceder a arreglar individualmente su fachada o una parte del ascensor”.

Así también lo explica el arquitecto de AIA Arquitectos e Ingenieros S.A., quien ha tenido que ‘archivar’ propuestas de proyectos de remodelación, porque sus clientes no lograron llegar a consensos con los demás propietarios. “Veo muchas dificultades en este tipo de remodelaciones y pienso que lo más sencillo es vender. Además porque entre los procesos jurídicos, de conciliación y de estudios para determinar los cambios requeridos, uno se puede demorar más de cinco años”. El precio de arriendo del nuevo canon en el sector Salitre ha sido criticado por ‘caro’, ya que cuesta $2.600 millones mensuales, pero según Sergio Mutis Caballero, presidente del Grupo Valor, el precio es ajustado a la zona.

El nuevo contralor no solo tendrá que continuar con tareas como las de control fiscal, sino que además heredará el ‘chicharrón’ de una sede a la que se le vence el contrato en diciembre de 2014.

Entre los más emblemáticos del centro
Su construcción fue finalizada en 1975 y según la Contraloría, cada una de las 27 plantas cuenta con 560 metros cuadrados, que tienen muchos residuos de obra.

Esto contrasta con la opinión de Carlos Barberi, ingeniero de Prabyc ingenieros, quien en un vídeo donde se promocionaba el edificio (que fue adquirido por el Cisa en $6.839 millones) para subasta, decía que cuando “se hizo el edificio, se realizaron áreas de oficinas libres y se construyó con normas muy superiores a las que tenía en su momento Colombia para la edificación de este tipo de obras”.

Cuenta con 30.000 metros de comodidad
El organismo de control fiscal en Colombia, fundado en 1991, con la nueva Constitución, cuenta en la sede de Salitre con 30.000 metros cuadrados. Cada empleado, según Jiménez, tiene un espacio aproximado de 12 metros cuadrados. Cada piso alberga las delegadas completas, lo que facilitaría los procesos investigativos y en grupo a los que se dedica la entidad. “La Delegada Social que tiene 125 funcionarios no cabía en un solo piso en la antigua sede porque cada planta albergaba cómodamente solo a 38 puestos de trabajo”, dijo la directora de planeación.

Candidatos para reemplazar a Morelli

Gilberto Rondón
Nació en Tunja en 1958 y es abogado de la Universidad Católica de Colombia, cuyo título fue homologado en España, por el de Licenciado en Derecho. Dentro de su hoja de vida pesan cargos como el de magistrado del Consejo Nacional Electoral, entre 2010-2014 y su labor como conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de su región.

Carlos Ardila
Es oriundo de Bucaramanga, Santander. Tiene 61 años y es abogado, especialista en opinión pública de la Universidad Javeriana. A lo largo de su carrera política ha sido, presidente de la Cámara de Representantes, diputado de Santander y concejal de Bucaramanga. Quienes lo conocen confirman que es muy amigo de Germán Vargas Lleras.

Edgardo Maya
Es un abogado y por nueve años (desde 2001 hasta 2009) se desempeñó como procurador general de la Nación, cargo en el que lo reemplazó Alejandro Ordóñez, quien ha asegurado en los últimos días que Maya estaría inhabilitado para asumir ya que tiene familia política vínculada con grupos al margen de la ley.

Las Opiniones

Gabriel Arango
Arquitecto de AIA Arquitectos e Ingenieros S.A.

“Siempre les recomiendo a mis clientes cumplir con las normas de salud ocupacional, porque arriesgar vidas siempre saldrá más caro que cualquier otra cosa. Trabajar en un lugar que no se ajuste a lo señalado por la ley es complicado”.

Carlos Montoya
Gerente de la empresa de renovación urbana

“El Colseguros tiene un valor arquitectónico muy importante para Bogotá, pero sin duda tiene carencias en la normatividad técnica, porque estas, se empezaron a construir en Colombia a partir del terremoto en Armenia en 1999”.

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