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Natalia Cubillo Murcia - ncubillos@larepublica.com.co jueves, 2 de junio de 2016

Lo que le queda en la agenda es la conciliación de textos, promulgación del presidente Juan Manuel Santos  y la revisión por la Corte Constitucional. 

“Nos va a permitir implementar los acuerdos a que lleguemos con las Farc en la Habana de una manera más rápida y va a dar las garantías necesarias que la palabra empeñada se cumpla, después de que el pueblo colombiano decida, a través de un plebiscito, si esos acuerdos le satisfacen o no”, manifestó Santos, durante la posesión de Alan Jara como  director de la Unidad de Víctimas; Paula Gaviria como Alta Consejera para los Derechos Humanos y Sergio Bueno como director del Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonales.

La clave está en el artículo cinco en el que dice “todos los instrumentos de este Acto Legislativo sólo operarán tras la refrendación popular del Acuerdo Final”. La ejecución  le da un plazo de seis meses al presidente Santos para “implementar a través de proyectos y reformas constitucionales lo firmado y refrendado” y además serán tramitados de manera prioritaria y en sesiones extra, de llegar el caso. 

El trámite de las normas se dará a través de un rápido proceso que incluye  para los proyectos de ley tres debates: uno en sesiones conjuntas en las Comisiones respectivas y un debate en cada una de las plenarias. Los actos legislativos, por su parte, se tramitarán en cuatro debates con ocho días de diferencia entre Comisión y Plenaria. “Todos los proyectos tendrán control único y automático de constitucionalidad. Será posterior a la entrada en vigencia de los mismos”, dice el documento normativo. 

Este ‘superdocumento’ le da  facultades al presidente de expedir los decretos necesarios para la implementación de la paz y asegurar el “acuerdo final”, lo que no le da licencia para  expedir reformas constitucionales, leyes estatutarias, leyes orgánicas ni nuevos impuestos. 

También por 20 años el Gobierno se compromete a incluir en el plan de desarrollo un Plan Plurianual de Inversiones para la Paz y se le da un blindaje a lo planteado en La Habana que “una vez se firme y entre en vigor, ingresará al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante la implementación”.

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