Reino Unido inspeccionará cárceles colombianas por proceso de extradición a Zulma Guzmán
Lo harán en las cárceles El Buen Pastor y La Picota para verificar que sí cumplen con los estándares de salud mental exigidos por Reino Unido
30 de marzo de 2026
Una comisión de expertos internacionales llegará a Colombia para inspeccionar los centros de reclusión donde permanecería Zulma Guzmán Castro en caso de ser extraditada desde el Reino Unido. Esta visita técnica responde a una exigencia del sistema judicial británico, el cual requiere una verificación independiente de las condiciones carcelarias antes de emitir un fallo definitivo sobre el traslado de la ciudadana a territorio colombiano.
La gestión fue confirmada a través de una comunicación de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Justicia hacia la Cancillería. El documento detalla que la Fiscalía del Reino Unido trasladó una solicitud de la defensa de la procesada para verificar el establecimiento específico de reclusión, centrando el interés en la infraestructura y los servicios disponibles en el país.
Guzmán es requerida por las autoridades colombianas debido a su presunta responsabilidad en el fallecimiento de dos menores de edad por envenenamiento con talio. La investigación fiscal analiza actualmente la hipótesis de una conducta recurrente, tras el hallazgo de evidencias sobre el envío de alimentos contaminados a otros familiares de la mujer, quien fue capturada en Londres tras un incidente en el río Támesis.
La inspección estará a cargo de especialistas en prevención de la tortura y derechos humanos, quienes evaluarán el pabellón de servidoras públicas de la cárcel El Buen Pastor. El análisis se enfocará prioritariamente en la capacidad del sistema penitenciario para ofrecer atención en salud mental, un punto central en la estrategia de la defensa de Guzmán ante los tribunales británicos.
El Ministerio de Justicia de Colombia aclaró que la decisión final sobre la extradición depende exclusivamente del poder judicial del Reino Unido. Si los evaluadores determinan que las condiciones de reclusión o las garantías al debido proceso no cumplen con los estándares internacionales exigidos, las autoridades británicas tienen la facultad de denegar el traslado de la procesada.
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