viernes, 18 de enero de 2013
Debido al anuncio de Risaralda sobre la iniciación de acciones legales contra las licoreras de Caldas, Valle y Cundinamarca, por incumplir el ingreso de cierto número de botellas al mercado, la Procuraduría General de la Nación requirió a la actual gerente de la Industria Licorera de Caldas, Patricia Helena Cárdenas Atehortua.
Esto con el fin de que explique el supuesto incumplimiento de contratos de distribución de licores con el departamento de Risaralda, ya que según denuncias del diario La Patria, la ILC debió ingresar el año pasado 410 mil botellas de licor a través de su comercializadora TM S.A., pero solo distribuyó 189 mil 268 unidades.
Dicha acción preventiva adelantada a través de la Procuraduría Regional de Caldas se basa en los artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y 75 de la Ley 262 de 2000, y requiere de igual manera a la funcionaria que informe si es cierta tal información publicada por mencionado diario, o si no, cuál es la situación actual y real en la ejecución de dichos contratos de distribución y cuáles han sido las acciones iniciadas por los entes territoriales o sus licoreras y el monto de las pretensiones de esas acciones. L agencia del Ministerio Público le solicitó a Cárdenas Atehortua que dé claridad sobre cuáles han sido las medidas tomadas al interior de la destilera para contrarrestar los riesgos que puedan generar estas demandas y para evitar el presunto incumplimiento de los contratos de distribución. El Ministerio Público alertó sobre una posible situación similar con las licoreras o gobernaciones de los departamentos del Valle y Cundinamarca.
Las directivas de la ILC señalaron que desde el 8 de enero pasado recibieron un oficio de la Procuraduría Regional de Caldas, en el que les informa de una acción preventiva para que la gerente de la destilería explique el presunto incumplimiento del convenio de introducción de licores en Risaralda. Señalaron que no han recibido notificación alguna de demandas por parte del vecino departamento ni contra la licorera y el distribuidor allí TM S.A. La cuota de introducción para el 2012 era de 410.000 unidades y según conoció este diario, el comercializador habría llegado a 230.000. Según dijo la gerente Patricia Cárdenas, en días pasados, la ILC está revisando las cifras reales del convenio para determinar si hubo o no incumplimiento y ratificó que actuarán de acuerdo a la ley.
El secretario de Hacienda de Risaralda, Diego Velásquez, señaló que la destilería y el distribuidor no cumplieron el convenio por lo tanto se emprenderían acciones legales para buscar indemnizaciones, que según sus cálculos, pueden llegar a $1.750 millones que es lo dejado de percibir por el Departamento.
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