lunes, 8 de julio de 2019
Presidente Duque desechó la convocatoria por mérito para conformar la terna
La derogatoria del Decreto 450 de 2016, que establecía el proceso meritocrático para establecer la terna de candidatos a Fiscal General generó una lluvia de críticas por parte de diferentes sectores.
Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia explicaron que la decisión se tomó “debido a que el Artículo 249 de la Constitución Política de Colombia establece el procedimiento para la elección del titular del ente acusador y entrega esta facultad al primer mandatario, cuando advierte que el Fiscal General será elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el Presidente de la República”.
El Decreto que derogó el procedimiento también se sustentó en la sentencia 2016-00067-00 del Consejo de Estado, donde se estipuló que el procedimiento establecido por la Constitución Política no puede ser modificado por un decreto presidencial.
El exfiscal general, Guillermo Mendoza Diago, explicó que esta derogatoria es una “decisión correcta por parte del presidente”. Mendoza aclaró que “es una facultad plena y válida del presidente definir los candidatos para la terna de la que escogerá la Corte Suprema de Justicia”.
Con esta decisión, desaparece la convocatoria pública establecida por el decreto, para que los candidatos a fiscal postularan sus hojas de vida ante toda la ciudadanía. La motivación de esta reglamentación consistía en garantizar la transparencia e imparcialidad de la persona que ocupara el cargo de Fiscal General.
La derogatoria del decreto revivió el procedimiento previo, donde se establecen estos requisitos para ser nombrado Fiscal General: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; ser abogado; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos y haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado.
La organización Dejusticia explicó que esta decisión es un retroceso para los procesos meritocráticos que se habían alcanzado para cumplir con estándares internacionales.
La entidad explicó que “con la eliminación de la convocatoria pública se restringe además la posibilidad de que ciudadanos que cumplan con los requisitos y que estén por fuera del círculo del Presidente de la República, se puedan postular al cargo de Fiscal General”.
A las críticas también se sumaron varios miembros del partido Alianza Verde, quienes habían radicado un derecho de petición en mayo para que se estableciera un proceso meritocrático para la elección de fiscal.
Angélica Lozano, senadora de esta colectividad, dijo que “la decisión del presidente Iván Duque vulnera el Artículo 126 en el inciso 4 de la Constitución”. Además, aseguró que esta es una estrategia para nombrar “a dedo” al Fiscal General.
Antecedentes
La elección del nuevo fiscal general se da por la renuncia de Néstor Humberto Martínez Neira, quien dejó el cargo el pasado mayo. Neira, quien había sido vinculado con la investigación de Odebrecht, señaló que renunciaba por una decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al concederle el beneficio de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich. Desde ese mes, el ente acusador está siendo dirigido por el exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Fabio Espitia.
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