Sábado, 11 de agosto de 2012

La Contraloría General expidió en agosto 2 de 2012 la Resolución Orgánica No. 6680.

Los informes sobre la gestión fiscal se orientan a conocer en forma puntual y oportuna si la administración o manejo de fondos o bienes públicos, en un periodo determinado, se desarrolló conforme a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, mediante el requerimiento de información que dé cuenta de la misma.

El Despacho del Contralor General de la República, el Despacho del Vicecontralor General de la República, las Contralorías Auxiliares, las Contralorías Delegadas para la Vigilancia Fiscal, las Contralorías Delegadas Intersectoriales y las Contralorías Delegadas Generales de la Contraloría General de la República podrán exigir informes a los servidores públicos de cualquier orden sobre su gestión fiscal y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la nación, cuando la información sea necesaria para el desarrollo de sus funciones, o para el cumplimiento de planes, programas, proyectos o estudios institucionales. Las solicitudes de información que efectúen las dependencias competentes de la Contraloría General de la República podrán versar sobre el conjunto de actividades económicas, jurídicas, tecnológicas y administrativas que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado para la administración y manejo de recursos o fondos públicos, cualquiera que sea su vinculación con el Estado o el título jurídico que ostenten. El servidor público o particular es responsable de la administración o manejo de los recursos públicos objeto de averiguación fiscal.

Corte constitucional
No es procedente obligar a las partes del contrato de concesión a acudir a tribunal
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1 del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo (parcial) y otras. El inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994 obliga al concesionario o a la entidad concedente, que en el evento de no estar de acuerdo con el dictamen pericial emitido para evaluar el reconocimiento y pago de los bienes señalados en el contrato para tal fin, deba acudir a un tribunal de arbitramento. La Corte determinó que resulta contrario al principio de voluntariedad.

Secretaría de hacienda distrital
Desde el momento en que un funcionario es detenido no puede percibir salario
Concepto Jurídico No. 13406. Desde la detención preventiva que sufre el funcionario, y dado que no hay disposición penal que le ordene al Juez de Control de Garantías solicitar la suspensión laboral, debe la administración proferir un acto administrativo motivado señalando las razones de hecho y de derecho susoenduiendólo en el ejercicio de sus funciones y como consecuencia de tal decisión el no pago de salarios y prestaciones sociales teniendo en cuenta que no ha prestado sus servicios.

Concejo de Bogotá
Se promoverá la instalación de baños públicos gratuitos en estaciones de Transmilenio
Proyecto de Acuerdo No. 184 de 2012.

Se promoverá la instalación de baños públicos gratuitos en las estaciones de Transmilenio en el Distrito Capital.

Con el fin de contribuir al normal desarrollo de las personas que se movilizan en el sistema de transporte masivo de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de estas, la administración deberá proporcionar el servicio de baños públicos gratuitos dentro del sistema. gengndena alguna.

Consejo de estado
En controversia entre disposición de carácter superior y una legal se preferirá la primera
Actoras: Federación Nacional de Cafeteros y Almacenes Generales de Depósito de Café S.A. -Almacafe-.

Bogotá, D.C., Julio 18 de 2012
Expediente11001-03-25-000-2003-00120-01. La excepción de inconstitucionalidad consagrada además como principio constitucional, se justifica en la medida en que le otorga a las disposiciones de la Carta Política, un valor y nivel superior y supremo, tanto así que, en caso de controversia entre una disposición de carácter superior y una de naturaleza legal, se preferirá la primera.