Colprensa
jueves, 17 de diciembre de 2020
Aseguran que se está faltando a su derecho a la defensa y a su presunción de inocencia ante la ley colombiana
Luego de que la Contraloría General de la Nación imputara a 28 personas naturales y jurídicas por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto Hidroituango, originado por una solicitud de actuación especial en febrero de 2019 y en el que se han analizado más de dos teras de información, diez de los acusados, entre los que se encuentran el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el exalcalde de Medellín,Alonso Salazar, recusaron al ente de control.
Al excandidato presidencial y al exalcalde los acompañan en esta recusación el exgerente de Hidroituango, John Alberto Maya, el exgerente de EPM, Juan Esteban Calle; el también exgerente de EPM, Luis Javier Vélez, entre otros.
El grupo señala a la contralora delegada intersectorial, Juliana Velasco Gregory, de "haber recibido de sus superiores, cabezas visibles de la entidad pública, presiones para tramitar de manera rápida y express este proceso, lo cual ha afectado el principio de imparcialidad y transparencia que se le exige como investigadora en la causa de responsabilidad fiscal, todo ello lesionando el debido proceso, el derecho a la defensa, la investigación integral, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley de nuestros investigados".
También, señalan que el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, ha "manifestado en medios de comunicación y portales institucionales la posición firme, y por demás atentatoria a la presunción de inocencia de los investigados, de hechos y conductas irregulares combinada con daños patrimoniales que, por ahora, no han sido probados".
Para sustentar lo anterior, citan varios apuntes del contralor hacia medios de comunicación, en los que -denuncian- se les culpa de conductas irregulares que "todavía no han sido probadas".
Además, manifiestan su inconformidad frente a que los superiores jerárquicos de la contralora delegada intersectorial "hayan manifestado públicamente, incluso antes de aperturarse la investigación fiscal, que entregarán resultados, que en una fecha determinada tendrán determinación, y que en poco tiempo habrá un fallo".
Por lo antes mencionado, el grupo de exmandatarios y exdirectivos acusan a la Contraloría de haber "trazado la línea a la contralora delegada intersectorial con la que ella debía resolver y los tiempos específicos en los que debía adelantar la investigación con una necesaria imputación de cargos, restándole autonomía y objetividad a sus decisiones".
Para la entidad, las fallas de Hidroituango son el resultado de una cadenas de errores, desde el diseño hasta su ejecución, con tres graves consecuencias: El incumplimiento del objetivo principal del proyecto, que es generar energía, lo que generó un lucro cesante de $1,1 billones; el desmesurado aumento de los costos del proyecto, que terminó costando cerca de $13 billones con un daño fiscal de $2,9 billones; y la grave contingencia de 2018, que amenazó con causar una calamidad pública.
En el grupo de 28 de imputados, explicó en su momento el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz, hay cuatro grandes grupos: los miembros de la junta directiva de Hidroituango, los gerentes de EPM y la sociedad Hidroituango, los contratistas encargados de las construcciones e interventoría, y los alcaldes y gobernadores.
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