Si se intoxica en un restaurante, el dueño podría pagar hasta 12 años de prisión

La comida siempre ha sido un lugar de congregación para las personas. Colombia no es la excepción, la comida es parte fundamental de la cultura, sin embargo, nadie está excepto de un mal de estómago.

En Colombia, los restaurantes que provocan intoxicaciones alimentarias en los consumidores pueden enfrentarse a sanciones según la legislación sanitaria, de protección al consumidor y penal. Las autoridades encargadas de hacer cumplir estas sanciones son el Invima, las secretarías de salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fiscalía General.

La ley permite a las autoridades sanitarias tomar medidas como suspender el funcionamiento del establecimiento, cerrar el local, cancelar el registro sanitario y aplicar multas económicas. Estas multas pueden llegar hasta 10.000 salarios mínimos diarios legales vigentes. Se imponen cuando se comprueba que hay un incumplimiento de las normas sanitarias en la manipulación, almacenamiento o preparación de los alimentos.

La Superintendencia de Industria y Comercio también puede imponer sanciones si se demuestra que el producto ofrecido era defectuoso o representaba un riesgo para la salud del consumidor. En este caso, las multas pueden alcanzar hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta entidad tiene la facultad de ordenar medidas correctivas que pueden incluir cambios en la presentación del producto, advertencias al público o el retiro del mercado.

Además de las sanciones administrativas, los consumidores tienen la opción de presentar demandas civiles para obtener compensación por los daños sufridos. Este proceso puede ser individual o colectivo si hay más de veinte personas afectadas. Estas demandas buscan cubrir gastos médicos, pérdida de ingresos y otros perjuicios.

En ciertos casos, la ley penal también prevé castigos cuando la conducta del responsable se considera dolosa o resultado de una negligencia grave. El Código Penal establece penas de prisión que van de cinco a doce años, multas que oscilan entre 200 y 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilitación para realizar actividades relacionadas con la preparación o venta de alimentos.

Los consumidores que sufren una intoxicación deben conservar las pruebas del caso. Estas pueden incluir facturas, registros médicos, muestras del alimento y declaraciones de testigos. Con esta documentación pueden presentar quejas ante las autoridades sanitarias y, si es necesario, iniciar acciones legales.