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Colprensa miércoles, 28 de mayo de 2014

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, pidió este miércoles que si va a haber impunidad en el proceso de paz, se debería decir públicamente y de una buena vez para que la sociedad y la comunidad internacional tengan “las cartas sobre la mesa”.

“Se le debe decir claramente al país, sin frases edulcoradas y sin tantos simbolismos, aquí lo que algunos están pretendiendo es la impunidad absoluta, es decir, que no haya sanciones efectivas, que sean beneficiarios de la absoluta impunidad y ya están dando pasos en ese sentido. Hay sectores del Estado colombiano que consideran que la paz se obtiene con esa condición: impunidad total. Que lo digan abiertamente para que toda la sociedad, la institucionalidad y el concierto internacional tenga las cartas sobre la mesa”, señaló el procurador.Ordóñez, cuestionó severamente la posición del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, haya señalado que está de acuerdo con que responsables de delitos de lesa humanidad y genocidio participen en política. “Aquí algunos sectores creen que la paz se puede obtener con concesiones que implican abiertas y claras impunidades. El señor Fiscal General lo reitera de una manera desembozada.

Hace 15 días nos dice que las penas para los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad y genocidios deben ser trabajo social; y ayer nos dice que los genocidas y los criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad pueden participar en política, pueden beneficiarse de esa impunidad, señaló.

En ese sentido, Ordóñez dijo que si los derechos de las víctimas van a ser sacrificados al menos deben ser escuchadas por el Gobierno Nacional y los cabecillas de la guerrilla de las Farc que negocian en La Habana, Cuba.

No se filtrarán pruebas
Ordóñez, manifestó que no filtrará, bajo ninguna circunstancia, las pruebas que eventualmente le entregue el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, sobre la presunta entrada de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial en 2010 de Juan Manuel Santos. “Algunas personas tienen un interés inusitado en esas pruebas. En el evento en que se entreguen dichas pruebas a la Procuraduría, el ente no las va a filtrar a nadie, a ningún medio de comunicación, a quien sea, por expresidente que sea, a quien sea que me lo solicite, no voy a entregar esas pruebas a los particulares”, señaló. Así, señaló que en el caso de la Fiscalía, esa entidad tiene instrumentos legales para adquirir ese materia.

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