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Jhon Guzmán Pinilla - jguzman@larepublica.com.co martes, 5 de enero de 2016

Estas fundaciones habrían violado la libre competencia de contratación estatal en un proceso en el que la idea era proveer mercados a más de 7.000 adultos mayores de Hogares Geriátricos, Centros de Vida y Grupos Organizados en la ciudad de Cartagena.

Jennifer Ávila Rodríguez y Johana Asis Padilla, representantes legales de las entidades, también fueron notificadas con la formulación de pliego de cargos por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta anticompetitiva investigada.

El origen de la presunta cartelización se dio cuando estas dos fundaciones habrían trabajado de manera coordinada al momento de diligenciar las ofertas o propuestas que se presentaron al proceso de selección abreviada por subasta inversa, proceso adelantado por la Alcaldía de Cartagena. Sin embargo, al final ninguna de las dos entidades obtuvieron la adjudicación del contrato.

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