• Alejandra Rico Muñoz

martes, 12 de septiembre de 2023

La Contraloría advirtió que persisten los bloqueos institucionales planteados por la Corte en el auto de seguimiento 373 de 2016

El Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, intervino en una sesión técnica de la Sala Especial Seguimiento de la Corte Constitucional a la Sentencia T-025 de 2004, sobre protección de derechos de personas en situación de desplazamiento forzado, referida a dos temas específicos: Presupuesto y Coordinación Nación-Territorio.

En materia de presupuesto, advirtió que persisten los bloqueos institucionales planteados por la Corte Constitucional en el auto de seguimiento 373 de 2016. Dijo que existe un profundo grado de desarticulación o ausencia de coordinación entre las distintas entidades estatales a cargo o con obligaciones en la política pública de desplazamiento forzado.

Agregó que la asignación de funciones y responsabilidades en cabeza de las distintas entidades es difusa. Y que la apropiación de recursos, o la capacidad institucional destinada a atender los componentes de una política, de cara a sus obligaciones legales y constitucionales, resulta insuficiente.

Zuluaga expuso algunas cifras y conclusiones del Décimo Informe de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. "Los recursos ejecutados para población desplazada entre 2012 y 2022 y los programados para 2023, continúan siendo insuficientes. Por lo que se requiere un mayor esfuerzo fiscal por parte del Gobierno nacional", dijo.

Agregó que si bien los recursos ejecutados por el Gobierno nacional y reportados en su informe por $159,3 billones, han superado las estimaciones de recursos del Gobierno Nacional realizadas en los Conpes 3712 de 2011 y 4031 de 2021, el cálculo de la CGR, sobre los universos identificados indica que, para ejecutar solo ocho medidas contempladas en la Ley con aplicación exclusiva para población desplazada en los próximos nueve años, se requerirían alrededor de $192,1 billones de 2023. Estas medidas no incluyen la prestación del servicio universal de salud y educación ni las medidas que se comparten con la población víctima de otros hechos victimizantes.

El Vicecontralor en funciones de Contralor General enfatizó es que se hace necesario que el Gobierno Nacional, "revise y ajuste la aplicación de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011 para la población desplazada y demás víctimas, articulando los recursos entre las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, SnarIV.

Agregó que el Gobierno debe establer una ruta para cumplir con la reparación integral de la población víctima y mejore el registro integrado de las atenciones realizadas y que debe implementar acciones de eficiencia del gasto mediante la articulación de las entidades SnarIV mejorando el impacto de las inversiones sobre la superación del estado de vulnerabilidad de la población desplazada.

Para concluir dijo que es necesario un incremento en los recursos asignados y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la atención y reparación de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado.