Contraloría

Carlos Eduardo González - cgonzalez@larepublica.com.co Miércoles, 9 de agosto de 2017

La corrupción se volvió el tema de moda en Colombia, por lo que se han presentado diferentes proyectos de ley e iniciativas para combatir este flagelo. Sin embargo, la Contraloría y la Procuraduría encontraron en uno de esos proyectos, exactamente en el 012 de 2017, una falla relacionada con el recorte a las facultades sancionatorias contra la corrupción.

En una carta enviada a los ponentes de dicho proyecto, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; y el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, expresaron su preocupación por este tema y solicitaron retirar del texto los artículos 1 y 14, que someten a consulta judicial las inhabilidades que impongan los dos entes de control a servidores públicos de elección popular.

“Adoptar normas como las enunciadas, además de innecesario por cuanto no se requieren para el cumplimiento de compromisos internacionales, resulta lesivo de las competencias constitucionales atribuidas a los órganos de control”, con lo cual se van a “generar más trámites y congestión judicial, a la vez que mandan un mensaje erróneo a la sociedad, pues con el argumento de defender los derechos políticos terminaría premiándose la participación en procesos electorales, de quienes han sido sancionados por violar la ley y afectar el patrimonio público”, manifestaron ambos funcionarios en rueda de prensa.

Los jefes de ambos entes también rechazaron la opción de que este proyecto sea tramitado por la vía del ‘fast track’, ya que no tiene ningún tipo de relación las sanciones disciplinarias y fiscales, con la implementación de la paz con la guerrilla.

“Ninguna relación existe entre el Acuerdo Final y el hecho de someter el cumplimiento de las decisiones sancionatorias de la Procuraduría o la Contraloría General de la República al grado jurisdiccional de consulta”, sostuvieron los servidores.

Para los dos entes de control, de llegar a aprobarse este mecanismo (de consulta judicial) lo que provocaría sería “un choque de trenes entre las autoridades que tendrían que conocer ese recurso, y quienes conozcan una eventual acción contenciosa para buscar la nulidad de la sanción”. Esto, de paso, podría llevar a generar una mayor congestión judicial de la actual.