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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co lunes, 25 de mayo de 2015

Solamente 4% de los líderes del sector privado contestaron que la compañía brinda información a quién la solicita sobre financiación política, 10% evalúa los posibles conflictos de interés sobre este otorgamiento de recursos, 12% da a conocer a sus empleados y terceros su posición frente al manejo de campañas y 43% no aplica ninguna estrategia sobre este tema.

Para Elisabeth Ungar, directora de la organización, resulta clave que el sector privado rinda cuentas sobre la financiación electoral y pida cuentas a quienes financia, pues “los aportes privados a campañas, hechos bajo reglas y normas adecuadas, son una expresión democrática y contribuyen al fortalecimiento de la participación. Pero ante la ausencia de normas claras y controles apropiados, las contribuciones privadas pueden convertirse en una potencial captura de las decisiones a favor de intereses particulares”.

En la misma medida, Andrés Chaparro, docente de la Universidad La Gran Colombia, en la empresa privada el riesgo de clientelismo es muy alto pues al financiar las campañas usualmente están pensando en que esa situación se puede retribuir con contratos futuros.

“El ejemplo más claro es lo sucedido en el Carrusel de la Contratación de Bogotá, en el que se han comprobado los vínculos de financiamiento de campañas, de alcalde y concejales con los delitos cometidos”, recordó.

El lobby es una de las actividades que debe regularse, señaló Fabio Moscoso, analista en temas de competitividad de la Universidad EAN. Y no es para menos, pues según el estudio de Transparencia por Colombia al menos cuatro de cada diez empresas utilizan estos servicios y solo una los contrata formalmente. Sobre todo en momentos de campaña, dijo “el lobby hay que regularlo y poner sobre la mesa un panorama transparente para la toma de decisiones de materia económica en la que es evidente que deben participar los empresarios”, señaló.

El mayor riesgo, además, se encuentra en municipios pequeños, pero que manejan un dinero importante en regalías porque son petroleros, agregó Chaparro.

Por otra parte, señaló la organización, al menos seis de cada diez empresarios realiza pagos para agilizar trámites, el soborno es una práctica que es más común de lo que parece, y lo que es más grave, es que 56% de las empresas no cuenta con un canal de denuncia confidencial para los empleados y terceros que deseen denunciar posibles casos de soborno.

El nivel de percepción de ocurrencia sigue siendo muy alto (58%); en donde se piensa que “si no se pagan sobornos, se pierden negocios”, dice la organización.

Las opiniones

Fabio Moscoso
Analista de la Universidad EAN

“En todos los índices de competitividad a Colombia le va mal en corrupción. Los empresas se quejan de la exagerada burocracia y los requisitos en exceso, el caldo de cultivo para que estos actos se cometan”.

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