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Rayza Zambrano - rzambrano@larepublica.com.co jueves, 16 de octubre de 2014

La multa impuesta que asciende a $492.800.000 millones (800 salarios mínimos legales mensuales vigentes), protege a los consumidores colombianos de engaños derivados de información falsa, incompleta o inoportuna.

Además de la sanción monetaria, se obligo a Interamerican Language a adecuar el conjunto de piezas publicitarias  emitidas o que estén por emitirse, a los términos indicados en el contrato, haciendo énfasis en que se trata de un contrato de compraventa de material pedagógico y no de un programa de autoaprendizaje. También se les ordenó modificar las cláusulas de los contratos, e incluir el Derecho al Retracto, por parte de los consumidores.

La publicidad engañosa consistía en ofrecer a los consumidores programas personalizados para aprender inglés con profesores nativos, cuando en realidad lo único que se ofrecía al final era la venta de un material didáctico de auto-aprendizaje.

Debido a varias denuncias ciudadanas, la Superindustria inició investigaciones en varias ciudades del país a las empresas que ofrecen cursos de inglés engañando a los interesados, de forma similar a la sancionada.

En el caso de Interamerican Language, la Superindustria realizó una visita administrativa donde recaudó material relativo al ofrecimiento del supuesto programa de aprendizaje, las piezas publicitarias y los modelos  de contrato celebrados con los consumidores. Con esto se evidenció que esta institución ofrecía a los consumidores un programa interactivo presencial, 100% personalizado, con horarios flexibles, profesores nativos, y se garantizaba el perfeccionamiento del idioma  en máximo 12 meses. Sin embargo, con todas las pruebas recaudadas, se determinó que lo que ofrecía en realidad a los consumidores era un material pedagógico, pudiendo contar con algunas asesorías.

También se llegó a la conclusión que no había soporte para la perfección del idioma en dicho tiempo, mucho menos bajo la modalidad anunciada, que los usuarios contrataban, y algunos profesores no eran nativos, sino colombianos, no especializados, contrario a lo que anuncia la publicidad.

También se encontró que a los consumidores que se les financiaba la compra del material de aprendizaje, no se les permitía retractarse de su decisión, y por lo tanto no podían devolver los elementos entregados, impidiendo el ejercicio del Derecho de Retracto, que tienen por ley, todos los consumidores que adquieren productos a través de sistemas de financiación dados directamente por el proveedor. 

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