Superintendencia de Notariado reforzó coordinación judicial que protege activos estatales
La medida establece un proceso de verificación con jueces y la Fiscalía para asegurar que activos valorados queden bajo control público.
23 de febrero de 2026
El Consejo de Estado suspende norma que impedía la caducidad de bienes incautados
La Superintendencia de Notariado y Registro, SNR, ha implementado una estrategia técnica y jurídica para proteger los procesos de extinción de dominio en Colombia. Esta medida busca asegurar que 19.869 bienes incautados a organizaciones criminales y al narcotráfico permanezcan bajo el control del Estado. Los activos vinculados a estos procesos tienen un valor estimado de 6 billones de pesos.
La decisión institucional surge tras una suspensión provisional emitida por el Consejo de Estado sobre una instrucción administrativa previa. Dicha determinación reactivó el término de caducidad de 10 años para las medidas cautelares, afectando incluso a los procesos de extinción de dominio que se encuentran actualmente en trámite. Ante este escenario, la SNR busca evitar vacíos legales que permitan el levantamiento de las restricciones sobre estos bienes.
Bajo la dirección de Ricardo Agudelo Sedano, la entidad estableció la Instrucción Administrativa IA-2026-000002-9. Esta normativa dispone que ningún registrador en el país podrá levantar una medida cautelar por caducidad sin realizar antes una verificación rigurosa de la titularidad del inmueble. El protocolo exige que se solicite nuevamente la medida cautelar de manera urgente para impedir que expire la inscripción original.
El nuevo mecanismo establece un canal de comunicación directa entre las Oficinas de Registro, la Fiscalía General de la Nación, la Sociedad de Activos Especiales y los despachos judiciales. Antes de realizar cualquier movimiento registral, el juez de la causa debe ser notificado para que ratifique la vigencia de la medida. La SNR ejercerá funciones de inspección y vigilancia para asegurar el cumplimiento de este flujo de trabajo.
Esta gestión institucional pretende facilitar que las autoridades judiciales emitan órdenes de protección de forma expedita cuando sea necesario. El objetivo final es coordinar las acciones entre registradores y jueces antes de que operen los términos de caducidad.
De esta manera, el servicio registral se utiliza como una herramienta para mantener la integridad de los activos bajo custodia del Estado.
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