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Judicial

Procuraduría suspende a Andrés Mayorquín, exasesor en el gobierno de Iván Duque

El funcionario del Dapre, supuestamente, ocultó información sobre su relación con una contratista y permitió que suscribiera dos negocios jurídicos con esa entidad

12 de septiembre de 2024

Diego Alejandro Ospina Henao


Karen Vaquiro y Andrés Mayorquin, exasesor en gobierno de Iván Duque
Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

La Procuraduría General de la Nación suspendió a Andrés Mayorquín, un exasesor en gobierno de Iván Duque. El funcionario del Dapre ocultó información sobre su relación conyugal con una contratista, y a pesar de estar inhabilitada por ser su esposa, permitió que suscribiera dos negocios jurídicos con esa entidad.

El ente de control evidenció que el disciplinado permitió la celebración de dos contratos de prestación de servicios profesionales, en 2020 por $54 millones ($54.800.000) y en 2021 por $44 millones ($44.982.000), suscritos entre el Dapre y Karen Liseth Váquiro Cuellar, su esposa.

El exfuncionario deb​ió poner en conocimiento de sus jefes la inhabilidad existente por haber una relación conyugal entre él y la contratista, sin embargo “mantuvo en silencio su relación matrimonial” con Váquiro Cuéllar, quien hizo lo mismo frente a sus supervisores, lo cual permitió que los contratos viciados de nulidad por la inhabilidad en que estuvo inmersa se desarrollaran y se ejecutaran.

“El entonces asesor favoreció con su comportamiento, los intereses económicos de su cónyuge, pues en vez de advertir la inhabilidad en la que ella estaba incursa prefirió guardar silencio para que esta pudiera contratar la prestación de sus servicios profesionales y percibir los honorarios del Dapre”, dijo la procuraduría.

En el fallo de primera instancia, la falta de Mayorquín Bocanegra fue calificada como grave con culpa grave, por desconocer el principio de la moralidad administrativa “hacia la exigencia de un comportamiento honesto, ético, recto y leal, alejado y desprovisto de intereses de carácter subjetivo” para asegurar el ejercicio y la garantía de la función pública, dice la entidad.

El término de la suspensión se convertirá en salarios básicos mensuales devengados por el disciplinado para el momento de la comisión de la falta.

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