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Stephanny Pérez - sperez@larepublica.com.co viernes, 4 de mayo de 2012

Después de la insistencia del Gobierno Nacional y en especial del Ministerio de Justicia, se llegó a un acuerdo con las altas Cortes sobre tres cambios contundentes, en el proyecto de reforma a la justifica que busca acabar con los frenos de la rama judicial nacional.

Abolición del Consejo Superior de la Judicatura, la reorganización de las funciones de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes y la creación de la Colegiatura de abogados son el primer paso en la búsqueda de la reforma de estos procesos.

Lo anterior fue el resultado de la reunión que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos con las Altas cortes, bajo la representación de Javier Zapata, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra y el fiscal Eduardo Montealegre, el pasado jueves, en la que se ultimaron los detalles del proyecto que podría estar radicado el 7 de mayo y discutido en la sesiones plenarias del Senado ente el miércoles y jueves, con el fin de que durante los últimos días del mes, pueda a ser discutida en la Cámara de Representantes.

Dicho acuerdo tuvo tres ejes principales. Por un lado, suprimir la figura del Consejo Superior de la Judicatura, que posteriormente será reemplazado por el Consejo Nacional de Administración Judicial, un órgano que según lo enunciado en la reunión 'será encargado de diseñar políticas generales de la administración de justicia ya que se encargará autónomamente de la Rama. También habrá un Consejo de Disciplina Judicial, con origen en las altas Cortes, que se encargará de la investigación y juzgamiento en materia disciplinaria de los miembros judiciales'.

Sobre este punto, el abogado Eduardo Vázquez asegura que 'es un acierto esta abolición, porque no ha sido una institución que haya aportado a la eficiencia del Estado. Todo lo contrario, se convirtió en un ente de corrupción que no ejerció la parte administrativa, ni disciplinaría competente sobre el comportamiento de jueces y abogados'.

En segunda instancia está lo relacionado con trasladar las funciones de la Comisión de Acusaciones, encargadas de juzgar a los altos funcionarios, a las Cortes y a los senadores.

Al respecto, Santiago Castro, director del departamento de Humanidades del Politécnico Gran Colombiano, dijo que ' la figura no es lo grave, pero sí lo es la inactividad de esta Comisión. Nadie mostró estar al frente de esta entidad, que ha presentado convenios con el ejecutivo'.

El último punto hace referencia a la creación de la Colegiatura de Abogados entidad que, según los expertos, podría funcionar como una instancia seria que juzga e investiga a los funcionarios pertenecientes a la rama judicial, además de que serían los encargados de expedir la tarjeta laboral de los abogados.

Aunque los cambios han generado polémicas entre los integrantes de la rama judicial, Castro menciona que no es una reforma que sea trascendental, pues la actual, es reaccionaria más no de garantías, 'las inversiones de $2 billones en presupuesto y $3 billones en defensa, no son suficientes para combatir el acceso y la eficiencia', dijo.

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