Tribunal de Barranquilla anuló la decisión a favor de los acusados en el caso de la empresa Triple A

La Procuraduría General logró que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocara los beneficios por aceptación de cargos de Édgar Rafael Piedrahita y Héctor Enrique Amarís, procesados por enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado, por no haber pactado el reintegro de más de $24.000 millones de la Triple A, recursos de los que se habrían apropiado se manera irregular.

De acuerdo con la Procuraduría, “cuando se trata de conductas ilícitas en las que el procesado obtuvo un incremento patrimonial, para sí o para otros, es requisito necesario la devolución de la mitad del valor apropiado y además garantizar el recaudo del monto restante” situación que hasta el momento no ha logrado resolverse.

En su decisión el magistrado de la Sala Penal, Luis Felipe Colmenares Russo, señaló que más allá de reconocer su culpa, los acusados, como lo advirtió el Ministerio Público en ningún momento llegaron a algún tipo de acuerdo para devolver los millonarios recursos de los que se habrían apropiado.

“La Sala no quiere decir, ni quiere pensar que por facilismo, por rapidez estén coludidos, ni más faltaba, para lograr el aterrizaje en la sentencia. La Ley tiene que hacerse cumplir, dura es la Ley, pero es Ley, de ahí que el Ministerio Público pida ese cumplimiento, para ello fue nombrado, es de sus funciones” señaló la el Tribunal.

Es importante recordar que Piedrahita es procesado por tramitar en nombre de Recaudos y Tributos S.A., al menos 54 órdenes de pago por valor de $23.379 millones que corresponden a servicios inexistentes.

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Mientras que a Amarís, representante de Iarco Ltda, se le juzga por nueve facturas de transporte de residuos sólidos en la ciudad de Barranquilla, servicio que nunca se prestó pero que se facturó por una cantidad de $1.350.000 millones; recursos que habrían sido entregados a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A.