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Colprensa miércoles, 3 de agosto de 2016

La normativa en su artículo sexto autoriza dichos procedimientos de manera gratuita, aunque solicita una autorización de un representante legal o autorización judicial cuando se trate de personas con discapacidad mental.

La norma había sido demandada al argumentarse que atentaba contra “el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de petición de las personas que no saben escribir, impidiendo que esta población tenga acceso en igualdad de condiciones y sin obstáculos a un procedimiento que garantiza el derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener”.

 En este debate, el procurador Alejandro Ordóñez pedía tumbar estas disposiciones.   No obstante, el alto tribunal  no accedió a las pretensiones de la demanda y señaló que el Congreso no vulneró los derechos de las personas que no saben escribir.           

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