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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co jueves, 4 de julio de 2013

Ante las denuncias que presentó el senador del Partido de la U, Jorge Enrique Robledo, la Red de Veedurías radicará hoy una denuncia penal ante la Fiscalía contra la firma Brigard & Urrutia por falsedad en documento y estafa por el escándalo de la presunta adquisición irregular de terrenos baldíos para la empresa Riopaila.

Además, ayer el Consejo Superior de la Judicatura decidió iniciar una investigación disciplinaria contra el bufete, proceso que podría llevar a los juristas a ser excluidos de su ejercicio profesional.

El senador Robledo ha sido reiterativo en señalar que la firma le diseñó a Ingenio Riopaila Castilla la manera de violar el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 que determina que las tierras baldías del Estado solo se les pueden adjudicar a pobres del campo, para adquirir miles de hectáreas en el Vichada y montar una plantación de palma.

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, anunció que los hechos pueden considerarse como faltas graves. Por su parte, la investigación disciplinaria la dio a conocer el magistrado Wilson Ruiz, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al indicar que se buscará esclarecer las denuncias hechas por el senador Jorge Enrique Robledo sobre la supuesta adquisición de más de 40 mil hectáreas de manera irregular. “Señala el congresista (Robledo) que la firma de abogados constituyó varias sociedades pequeñas mediante las cuales adquirieron los terrenos, violando diferentes disposiciones legales”, dijo el magistrado Ruiz.

En este caso, las responsabilidades pueden darse en el terreno penal y disciplinaria, así lo explicó el abogado José Luis Rodríguez, quien agregó que la Fiscalía será la que se encargue de los delitos penales como fraude procesal y concierto para delinquir. En este sentido, el abogado Juan Camilo Cruz advirtió que no es tan fácil que se encuentren este tipo de responsabilidades.

Sobre el particular, Robledo habla exactamente de que se crearon 27 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y se presentó como dueño a Francisco José Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. “A continuación, Riopaila Castilla apareció prestándoles a las 27 SAS $40.000, con las que estas compraron, ilegalmente, 41.300 hectáreas”, explicó Robledo en la página web del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, Moir.

Aparentemente desenredando la ‘telaraña’, Robledo cuenta que le dieron a las SAS una vuelta por Europa y que Uribe Noguera cedió gratuitamente la propiedad de esas sociedades a cinco firmas españolas. “Además de la flagrante violación de la Ley 160, porque Rio Paila Castilla compró lo que tenía prohibido comprar, las autoridades deberán desentrañar por qué intentaron ocultar en el exterior esas operaciones, determinación que podría explicarse por el objetivo de encubrir otras ilegalidades”, agregó.

En este sentido, la Judicatura buscará establecer si en esa adquisición de tierras se configuró una irregularidad por parte de los abogados “incurriendo así en faltas que deben ser disciplinadas”. “Se pretenderá establecer cuáles son los presuntos responsables”, explicó el magistrado Ruiz al señalar que en próximos días habría citaciones al respecto. La polémica también involucra al embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia cuando fue accionista de Brigard & Urrutia. No obstante, hace algunos días, a través de un corto comunicado, el diplomático desmintió las acusaciones de Robledo argumentando que “no es propietario, directa ni indirectamente, de predios ubicados en El Vichada, y no tiene intereses en, ni es beneficiario de, negocios que de cualquier manera recaigan sobre predios que sean o hayan tenido la condición de tierras baldías”.

Por su parte, la firma Brigard envió una comunicación diciendo que “acudirá de manera inmediata ante el llamado que se efectúe por esa autoridad y acreditará ante ella que las asesorías prestadas para la adquisición de predios en la altillanura se ajustan a la ley y a los más estrictos estándares del ejercicio de la profesión de abogado”.

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