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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co sábado, 6 de agosto de 2016

Es justo y necesario que el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, aclare la situación con una normatividad que reconozca la existencia del modelo que conecta la demanda y la oferta por medio de la tecnología, dejando claro las condiciones para operar en el país. Es decir, decidir si es ilegal e incurre en competencia desleal o por el contrario, es legal y tiene luz verde para operar.

Siendo así, el tema solo se resolverá de fondo cuando se concreten dos aspectos: voluntad política y que Uber y otras herramientas como Cabify dejen de presentarse como una simple aplicación ya que al beneficiarse del servicio de transporte; así mismo, deberían asumir cargas que soportan otros agentes.

Los abusos de los taxistas deben ser denunciado y castigados. Sin embargo, eso no es excusa para que Uber eluda las responsabilidades financieras que sus contrapartes tienen o para que tenga la libertad de definir las tarifas que cobran a sus usuarios.

No se ha podido dar respuesta al funcionamiento legal de este tipo de aplicaciones, cuando pareciera que de forma desafiante, salen dos perlas más: Uber Carpooling y que los usuarios ahora pueden pagar en efectivo.  

No sé que está esperando el Gobierno para afrontar este tema. Ojalá que no sea una tragedia la que los obligue a actuar

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