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Colprensa lunes, 11 de agosto de 2014

La representante del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, denunció ante la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación su homólogo Yahir Acuña.

La denuncia por presentada porque el día que se instaló la Comisión de Acusaciones, Acuña se autonombró como presidente encargado e hizo la repartición de los procesos de manera “arbitraria”. Por este motivo la representante de la Alianza Verde radicó la denuncia ante estos organismos. “Él no estaba facultado para repartir procesos, este ejercicio debe ser transparente aleatorio y público, y él lo hizo amañado, cogió para él 350 casos y otros 30, 40, etc. y eso puede ser un delito, porque viola el principio más elemental de imparcialidad”, aclaró Lozano.

El delito que estaría exponiendo la Representante es el de presunto prevaricato por acción ya que Acuña no debía distribuir los procesos.

Angélica Lozano aseguró que los investigados en estos casos podrían hasta pedir la nulidad de todo lo actuado, “es una jugada arbitraria que puede echar por la borda los procesos”.

La Comisión de Acusaciones ejerce una función fiscal que es integrada por 15 personas, en este momento existen alrededor de 1.500 casos, que Acuña distribuyó entre los miembros de la Comisión. Tras la elección de la mesa directiva el presidente electo fue el representante, Julián Bedoya quien anunció en días pasados que la Comisión entrará en un periodo de inventario para distribuir de nuevo los casos.

Otro funcionario en ‘aprietos’
Para la próxima semana fue aplazada la audiencia en la que se definiría la medida de aseguramiento en contra de Luis Fernando Sáchica, ex subdirector de bienes e investigado por las irregularidades que se presentaron en la Dirección Nacional de Estupefacientes. El exfuncionario es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con lo establecido en desarrollo del proceso, estos cargos derivan de los hechos acaecidos con la adjudicación de las sociedades Movilgas Ltda., y Estaciones de Servicio Alvarado y Cía., conformadas por 15 establecimientos de comercio que, al parecer, se efectuaron omitiendo el proceso de invitación pública y sin cumplimiento de los requisitos que exige la ley.

Por otra parte, se determinó que las utilidades que producían estas sociedades no fueron reportadas a la DNE y que se habría presentado un cambio de razón social.

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