martes, 18 de octubre de 2016
Si se observa detenidamente la región, se aprecia que el desarrollo de infraestructuras es un sector con un potencial enorme en Latinoamérica. Incluso organizaciones como el BID han hablado de ello y han recomendado que se busquen mecanismos de financiación para estos proyectos que vayan más allá de la inversión pública y busquen el apoyo privado.
Algunos países de la región ya están dando respuesta a esta necesidad: Chile, por un lado, persigue incrementar su PIB per cápita, algo que han ligado directamente, en parte, a invertir más en obras de infraestructuras para potenciar el desarrollo. Colombia, por su lado, ha creado el ambicioso programa de infraestructuras denominado “carreteras de cuarta generación”, que cuenta con una cuantiosa inversión para desarrollar carreteras, ferrocarriles y puertos. Estos países tienen y están desarrollando mecanismos legales de financiación altamente complejos que involucran en la estructuración del proyecto a actores en moneda local y extranjera, banca internacional, organizaciones multilaterales e incluso fondos de deuda, entre otros.
En este sentido, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien lidera en Colombia el desarrollo de infraestructuras, explicó recientemente en el Foro Iberoamérica Empresarial de España que han contado con US$8.182 millones en inversión extranjera, buena parte de ella española. Colombia pretende ahora encontrar financiación en países más allá de Europa.
La búsqueda de este tipo de inversión, que excede cualquier ámbito nacional, obliga a la creación de estructuras que den cabida a actores de diferentes países y sectores. Estos mecanismos de financiación son también una magnífica oportunidad para los abogados a cargo de estos proyectos.
Como estructuradores, no solo hemos de trabajar con estos mecanismos, sino que debemos lograr que tanto quienes buscan financiación como quienes invierten perciban en las firmas que los asesoran un verdadero y profundo conocimiento del sector que les permita conseguir los mejores resultados, con excelentes garantías y en plazos de tiempo que propicien inversiones sostenibles.
Y si en la teoría los países ya cuentan con la financiación privada en infraestructuras, a través de figuras como las APP de Colombia, desde la práctica legal internacional hemos observado que las exigencias de los potenciales financiadores han cambiado. En la medida en que invierten en estos proyectos a tan largo plazo, están demandando del Gobierno y los desarrolladores estructuras legales más sólidas, lo que al mismo tiempo requiere una capacidad de acompañamiento internacional.
Por ello creemos que el verdadero valor del asesoramiento legal en el desarrollo de infraestructuras radica en saber conjugar adecuadamente un profundo conocimiento local con un alcance global que permita trascender las barreras nacionales. Hoy en día, la necesidad de involucrar a múltiples mercados para responder a estos retos, la creciente complejidad de las transacciones y la exigencia de mayores garantías, hacen necesario tanto poder gestionar con solvencia los asuntos locales como contar con la capacidad de dirigirse al resto del mundo en su mismo lenguaje.
