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Martes, 9 de diciembre de 2014

No sobra decir que incurren en un error protuberante: esa actividad nada tiene que ver con la minería. Adicionalmente, creo que la respuesta se la dieron ellos mismos, cuando reconocen que la extracción ilícita de minerales, insisto, mal llamada por la publicación “minería ilegal” es un problema de Estado, de varias autoridades y no de la autoridad minera exclusivamente. Así como se hace frente común contra el contrabando, las drogas ilícitas, la evasión de impuestos, la piratería y otros males de igual jerarquía, este problema requiere de un esfuerzo común de las distintas autoridades. 

Entonces, la política pública del sector minero, diseñada desde el Ministerio del ramo y desarrollada por la ANM,  no puede enfocarse en ese problema, que además no tiene aún, una caracterización clara para diferenciar la ilegalidad de la informalidad. La política del sector y la tarea de la autoridad minera, deben poner sus apuestas por la minería responsable,  aquella que el país necesita, para apoyarla y promoverla. Esa minería que la semana anterior, cuando se otorgaron los premios Portafolio a los empresarios destacados del país, ganó los premios relacionados con la buena gestión en materia de medio ambiente y responsabilidad social empresarial. Si, aunque suene paradójico,  estos premios fueron obtenidos por dos empresas del sector minero.

Como bien lo señala la publicación de Semana antes citada, frente a la explotación ilícita de minerales “lo primero es reconocer que este es un problema del Estado en su conjunto y no solo de los Ministerios de Minas, Ambiente y Defensa; que las autoridades territoriales deben ser  empoderadas para luchar contra la criminalidad y defender sus territorios, que a los mineros no se les puede legalizar desconociendo el ordenamiento ambiental del país, que se requieren incentivos que marquen la diferencia entre legalizarse y mantener la condiciones de ilegalidad y programas para la reconversión laboral de aquellos que buscando opciones de subsistencia cayeron en la trampa de la minería ilegal.” Entonces sobran los reclamos al Ministerio de Minas y Energía sobre la orientación de su política para el sector, y a la ANM sobre su desempeño como autoridad minera. Hoy, más que nunca, es importante la tarea que tiene las entidades del sector para lograr mantener la competitividad del país frente a otros de la región y  lograr profesionalizar cada vez más la actividad en todas sus escalas. Según el Instituto Fraser, entidad canadiense que mide la percepción para la exploración, Colombia está en el puesto 70 entre 96 países, por ellos estudiados, algo que resulta poco alentador. Problemas relacionados con la calidad de la información geológica, la falta de infraestructura, las dificultades en la obtención de las licencias ambientales y el pobre relacionamiento con las comunidades, además del retroceso sufrido en materia de seguridad jurídica, son identificados por estos y otros analistas, como las causas de estos resultados. No sobra en todo caso mencionar que la ausencia de buenas noticias relacionadas con la minería, y la permanente y sistemática campaña de desprestigio en los medios, hace mella en la percepción que la comunidad colombiana tiene sobre la industria minera del país. Como bien lo señala el exministro Luis Ernesto Mejía, cuando al ciudadano se le plantean ideas como “es mejor el agua que el oro, es mejor el páramo que el carbón, es mejor la biodiversidad que el petróleo, y a esto se agregan sazonadores relacionados con enfermedades macroeconómicas, actitudes depredadoras de feroces extranjeros y ausencia de encadenamientos”, nadie quiere saber nada de una actividad con semejantes connotaciones. Por ello es indispensable que se controlen quienes posan de “expertos” sin serlo,  los cuales opinan sin contar con  “la comprensión del negocio, de los riesgos inherentes, de la complejidad de sus diferentes etapas y, principalmente, de los largos tiempos de desarrollo de cada una de ellas”, porque es grande el daño que le hacen a la minería. Por último el país debe resolver un pregunta crucial: ¿Necesita y quiere Colombia una industria minera?, de ello dependerá que podamos seguir beneficiándonos de lo que ofrece esta industria y enfrentar los problemas que la “extracción ilícita” con sus distintos matices y denominaciones causa.