sábado, 3 de mayo de 2014

Gracias a la guerra y al narcotráfico el país se convirtió en los últimas dos décadas en exportador de casos ejemplares en materia de lucha contra las drogas, con unas instituciones policivas y militares que ya pocos asocian con corrupción e ineficiencia y muchos con avances tecnológicos e inteligencia. 

Hoy en día, más temprano que tarde, los criminales son encontrados y puestos a disposición de la justicia. Esta mayor probabilidad para atrapar a los delincuentes  debería disuadir a muchos de entrar a desarrollar actividades criminales. Pero la realidad, lastimosamente, no evidencia dicha predicción. 

Todos los días encontramos nuevas formas de desarrollar actos criminales, desde el uso de ácidos hasta el robo de supermercados, unidas a los robos de celulares, entre otros. Lo evidente es que la criminalidad ya no está en las áreas rurales y emigro a las ciudades, razón por la cual el cambio estratégico de la Policía Nacional alrededor del tema de la seguridad ciudadana. 

Lo que es claro de estas dos décadas de lucha contra la delincuencia es que tantos billones de pesos invertidos en el aparato policivo militar nos han generado una sensación de mayor seguridad y confianza. Lastimosamente, encontrar a los delincuentes es solo una parte del problema; la otra es procesarlos, juzgarlos y mantenerlos encarcelados, según sea el caso. 

Desafortunadamente, el aparato de justicia en Colombia responsable de estas actividades, ha sufrido de un  total abandono por parte del Estado -a pesar de los dineros invertidos- y ha sido dejado a disposición de grupos de interés que lo han alejado de realizar sus funciones con eficiencia y transparencia, siendo utilizado, por ejemplo, para fines políticos, criminales o de enriquecimiento. 

Estos años de abandono han hecho que muchos de los usuarios de la justicia colombiana utilicen esta caja negra para poder lavar sus delitos, encontrar pruebas falsas, encontrar fallas de procedimiento, encontrar falsos testigos, encontrar algún juez amañado o encontrar abogados sagaces (y por lo general costosos), para que a pesar de ser agarrados por nuestros policías y soldados, puedan fácilmente hacerle el quite a la justicia y así volverlos a encontrar en las calles delinquiendo o gozando de los frutos de sus actos criminales, o simplemente no siendo responsables de sus conductas delictivas. 

Es hora de cambiar con el momento de desarrollo del país. Ya no necesitamos más billones de pesos invertidos en nuestro ejército y la policía, lo que necesitamos son recursos millonarios bien invertidos en el sistema de justicia, sin perjudicar lo avanzado a nivel policivo y militar. 

Necesitamos abogados, jueces, y magistrados mejor capacitados y sistemas de control más efectivos. Necesitamos mejores salarios que reflejen el nivel de calificación de los jueces y no que sean producto de presiones y lobbies. Necesitamos, además, mirar a un juez a la cara y sentir la confianza que sentimos cuando miramos a un soldado o a un policía. Necesitamos también magistrados con la misma categoría y legitimidad que hoy muestran nuestros Generales de la República. 

Necesitamos un sistema de incentivos a lo largo de la carrera de justicia que saque a quienes no alcanzan los estándares necesarios y que ascienda a quienes merecen ser nuestros garantes de justicia. Necesitamos Facultades de Derecho que se unan a apoyar este cambio con ideas e iniciativas y un código penal de justicia que al igual que el código penal militar vaya de la mano de las responsabilidades que implica ser parte del aparato de justicia y que atienda sus especificidades. 

Llego el momento de hacer el cambio. Es hora de pasar la página del aparato militar y policivo que nos ha dejado el país que tenemos, lleno de esperanza, y darle la bienvenida a un nuevo aparato de justicia que nos dejará el país que deseamos para vivir en paz.