sábado, 2 de noviembre de 2013

Que no se confunda el lector que aunque hablaremos de primas nada tiene que ver con aspectos familiares de los congresistas aunque parezca muy familiar la forma como el presidente Juan Manuel Santos le regala la plata al legislativo.

Es indudable que casi todos sentimos como un atropello a la dignidad de nuestro trabajo cuando vemos cómo los “honorables” congresistas, elegidos por cada uno de nosotros, se llenan sus arcas personales y bolsillos con dádivas del ejecutivo después que la Corte Constitucional fijara unos topes salariales ridículos en pro de una equidad que se habla de puertas para afuera pero se trata de tapar de dineros para adentro. 

Lo primero que hay que decir es que es somos culpables. Si, aceptemos la responsabilidad de votar como votamos y de participar como simples borregos en un sistema democrático cada vez más corrupto. 

Ahora bien, cualquiera de nosotros está en su derecho de pedir una prima extra a su empleador, aduciendo el arduo trabajo y esfuerzo que implica su actividad laboral, tal y como lo sostienen nuestros honorables representantes de la patria Lo que si no está bien es que para presionar la consecución de dicha prima, empecemos a trabajar a un menor ritmo. Obviamente en el plano de nuestro trabajo esto no sería necesario debido a que nuestros empleadores nos despedirían con justa causa. Me pregunto: ¿por qué no se hace lo mismo con los honorables representantes de la patria? 

Sin embargo, como a un congresista no se le puede despedir por estas razones, entonces la necesidad de un comportamiento ético del mismo es mucho más apremiante. Claro que de ética poco saben ellos y poco sabemos todos nosotros. Esto es así porque la ética requiere del reconocimiento del otro, de los demás, frente a nuestros comportamientos. Y en nuestro país para lo único que reconocemos al otro es para ver nuestras propias miserias en un espejo que queremos destruir tan pronto nos lo encontramos.

Volviendo al caso de nuestros honorables congresistas, hubiese sido ético discutir los proyectos de ley, asistir a sesiones, o debatir la reforma a la salud bajo el claro descontento de la disminución de ingresos ocasionado por la sentencia de la Corte Constitucional (en pro de una igualdad que se estudia mucho pero se evidencia poco). Sin embargo, el hecho de la rapidez con que se desempantanó justo después del decreto de la tal prima deja muchas dudas de este tipo de comportamiento de nuestro Congreso. 

Lo que impresiona aún más es la respuesta del ejecutivo en manos del Ministro de Hacienda y Crédito Público quien argumentó que lo que se hizo al firmar dicho decreto fue resolver un problema que se le había planteado al ejecutivo (seguramente por la Corte Constitucional) y que podría haber generado grandes costos para el país, seguramente en el no paso de la reforma a la salud, por ejemplo.

Y aquí vamos a lo más importante de esta columna. Seguimos siendo un país de grupos de interés buscando cada uno su beneficio privado a costa del bien público y con gobiernos “hipotecados” a estos grupos de interés. Ese es nuestro gran subdesarrollo. 

Cada grupo busca sacar alguna tajada del ingreso nacional y cuando el ciudadano del común se encuentra ante sus propios dilemas lo resuelve también a favor del beneficio propio. 

En esta lucha de grupos de interés por más mermelada ganan quienes logran generar una mayor credibilidad con sus amenazas y sucumben quienes no lo logran. 

Quienes tienen plata logran dicha credibilidad con dinero, quienes no la tienen lo hacen con violencia. Esa es nuestra institucionalidad: de mesa, de invitados y no de democracia.